El archivo del caso de Sarousse deja incógnitas por resolver, según la Fundación Oso Pardo.
La ONG, que no recurrirá el sobreseimiento, culpa a la DGA de la falta de un plan de prevención que informe a los cazadores cómo actuar en presencia de estos animales.
El archivo de la causa penal contra el cazador que mató a la osa Sarousse durante una batida de jabalí, en noviembre de 2020 en el municipio de Valle de Bardají, deja en el aire algunas cuestiones, según ha manifestado este viernes la Fundación Oso Pardo, un día después de conocerse el auto de sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Instrucción de Boltaña. A pesar de ello, la ONG, que ejercía la acusación particular, ha anunciado su intención de no recurrir, “porque vemos difícil que prospere”, ha reconocido su presidente, Guillermo Palomero.
El auto judicial exculpa al cazador que disparó y mató a la osa considerando que actuó en defensa propia ante la “amenaza inminente” de ser atacado por una osa que corría hacía donde él se encontraba perseguida por perros de caza. Tampoco tuvo la posibilidad de huir o salvaguardarse en lugar seguro y su actuación fue “proporcional” a las circunstancias.
La Fundación cree que el auto deja algunos flecos sueltos. Se pregunta por qué el cazador tenía la emisora apagada, a pesar de que uno de los miembros de la batida había avisado de la presencia de un oso en la cacería. “Aunque no se trate de una ilegalidad, sí es una clara imprudencia que pone en duda la buena praxis de su acción de caza”, indica esta ONG, que trabaja en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos en la conservación del oso pardo y su hábitat,.
Otro elemento que el juzgado parece no haber encontrado relevante son las manchas de sangre aparecidas en la ladera por la que bajó el animal antes de llegar a la pista en donde fue abatido. “Estas manchas fueron certificadas por los técnicos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, y podrían indicar que el animal ya llegó herido al punto en el que, según la versión del cazador, se produjo el disparo mortal en defensa propia cuando la osa corría hacia él”.
También se pregunta por qué los cazadores tardaron más de dos horas en avisar a las autoridades una vez ocurrido el suceso, “que si bien no es un argumento que redunde en la imprudencia de la conducta del cazador, refuerza las dudas” acerca de cómo encontró la Guardia Civil el lugar de los hechos a su llegada.
Sin embargo, estas son cuestiones estrictamente procesal, reconoce la Fundación, que muestra su respeto a la decisión judicial y ve difícil que prospere un recurso de apelación. Cerrado el caso, su presidente pone el énfasis en la prevención y carga las tintas contra la administración autonómica. “Resulta inadmisible que en una zona osera los cazadores no hubieran sido informados por la administración sobre las precauciones a tomar, ni de cómo comportarse si apareciera un ejemplar”, señala. Tampoco entiende la ausencia de un representante público supervisando la cacería. El propio auto judicial especifica que no consta que se informara a los cazadores de la concreta situación de la osa, ni de las medidas a tomar ante su presencia en el lugar.
“Es hora de que el Gobierno de Aragón deje de dar la espalda a la conservación de sus osos”, señala la ONG, recordando que es la única Comunidad Autónoma con población de osos que todavía no ha elaborado un plan de recuperación de la especie en peligro de extinción, pese a ser una obligación legal.
Guillermo Palomero cita el caso de Cantabria y Castilla y León, donde la Fundación ha trabajado con la Federación de Caza y los gobiernos autonómicos en un documento de consenso para mejorar la práctica de la caza y limitar este tipo de riesgos.
Fuente:
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2021/10/01/la-emisora-apagada-y-manchas-de-sangre-incognitas-por-resolver-en-la-muerte-por-disparos-de-la-osa-sarousse-1523376.html
