La FCQ apoya una PAC justa, saludable y sostenible

La ganadería y la agricultura viene abasteciendo de alimentos a la humanidad desde su nacimiento hace unos 10.000 años. Desde la revolución verde, iniciada años 60, producimos más alimentos de los que consumimos, al mismo tiempo que hemos crecido poblacionalmente de forma exponencial (en 50 años hemos pasado de 3000 a 7000 millones de habitantes). Paralelamente también han crecido las desigualdades, el 1% de los ricos acumula el 82% de la riqueza global. Actualmente existen 842 millones de personas que pasan hambre, sin embargo un tercio de los alimentos mundiales acaban en la basura (la ocupación mundial de suelo destinado a producir cosechas que nadie se come de 1400 millones de hectáreas).

El sector agrícola y ganadero, al igual que otros, como el industrial, el energético, o el transporte, incide sobre 9 de los procesos fundamentales para la estabilidad planetaria, que de ser superados, podrían poner en peligro la habitabilidad del planeta para la humanidad. Algunos de ellos ya han sido sobrepasados, como la integridad de la biosfera por pérdida de biodiversidad (la población mundial de vertebrados disminuyó un 60% entre 1970 y 2014, estamos ante la sexta extinción masiva, la última fue la de los dinosaurios) y el ciclo biogeoquímico (contaminación por nitrógeno y fósforo de la biosfera debido al uso de fertilizantes). Además existen otros procesos en fases muy críticas, como el cambio climático (las altas concentraciones atmosféricas de CO2 provocan aumento de olas de calor, inundaciones, sequías y perdida de hielo terrestre), la acidificación de los océanos, o el masivo uso de agua dulce (actualmente existen 1000 millones de personas con escasez de agua, el 70% de agua potable se utiliza con fines agrícolas).

A pesar de las evidencias científicas, que muestran una realidad tozuda, seguimos pensando política, económica y socialmente, que los recursos naturales son infinitos y que el crecimiento del consumo debe mantenerse por encima de la sostenibilidad ambiental y social. Tampoco está asumido, que nuestras acciones y decisiones locales o regionales tienen consecuencias globales. Las políticas suelen ser cortoplacistas y los políticos son poco valientes ante su electorado, ya que piensan que determinadas decisiones serán muy castigadas en las urnas.

Un ejemplo es la Política Comunitaria Agraria (PAC), que a pesar de las diferentes reformas, con su diseño y funcionamiento ha impulsado la intensificación de las zonas más productivas y no ha paliado el abandono de las prácticas agrarias de mayor valor socio-ambiental, causando impactos negativos sobre la riqueza natural del medio rural y sus habitantes. La PAC absorbe el 38% del presupuesto de la UE, 409.000 millones de euros 2014-2020 (cada ciudadano europeo aporta 144 euros al año a este fondo), de los cuales el 72% son ingresos a los productores agrícolas (3% de la población UE, que produce el 6% del PIB) y el 80% de esos fondos solo va al 20% de los productores, mediante pagos directos que han sido ineficientes e injustos. En España se han abandonado 4 millones de ha de secano, algunas de gran valor ambiental y han aumentado los regadíos ocupando el 22% de la superficie total agraria. Tanto los regadíos extensivos, como los intensivos representan el 80% de la demanda de consumo de agua de España, sobreexplotando acuíferos, degradando caudales-humedales (un ej. el Mar Menor) y contaminado por nitratos y plaguicidas las masas de agua. A pesar de que en los últimos 30 años se han modernizado el 60% de los regadíos, el ahorro de agua no ha sido significativo e incluso aumentado. Al mismo tiempo en los últimos 40 años las poblaciones de aves ligadas a medios agrícolas han disminuido en la UE un 56% y la codorniz en los últimos 20 años en España un 74%. Gran parte de los subsidios públicos, 293.000 millones de euros (2014-2020), se destinan a pagos directos vinculados a la superficie cultivada, en lugar de estar vinculados a las prácticas de sostenibilidad para el mantenimiento de bienes públicos como son la biodiversidad o los Sistemas de Alto valor Natural (estepas de secano cerealista, dehesas, zonas de pastos con ganadería extensiva, etc.).

Aragón no está exenta de muchos de los impactos negativos de una agroindustria intensiva (sobre todo en el valle del Ebro), que está provocando graves problemas ambientales a bienes públicos (agua, biodiversidad, etc.). Actualmente el 15% de la superficie de Aragón está en una situación grave de erosión (perdida de suelo y desertificación), 130 municipios están declarados como vulnerables a la contaminación de nitratos afectando a unas 12.000 personas, durante los últimos años han aumentado el uso de plaguicidas (unas 4700 toneladas anuales), el número de cabezas de ganado de porcino ha pasado de 6 a 8 millones en los últimos 5 años y se ha producido un incremento del 7% de las emisiones del sector agrícola y ganadero en el periodo 1990 a 2017 y que suponen el 37% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero  de Aragón. Cabe recordar que el Estado español ha incumplido reiteradamente los límites fijados por la UE de emisiones de amoniaco, que se encontraban un 39% por encima de lo permitido (el 90% de las emisiones se deben al sector del porcino).

Desde la COALICIÓN POR OTRA PAC (http://www.porotrapac.org/), formada por 35 entidades entre las que esta la FCQ (ambientales, sociales, de productores, ver: http://www.porotrapac.org/) seguiremos trabajando para que se atiendan nuestras propuestas en la elaboración del Plan Estratégico de España para la PAC (2021-2027), para lograr una PAC que goce de más aceptación de la sociedad, que proteja el medio ambiente y el clima, mantenga la biodiversidad, mejore las condiciones del bienestar animal y promueva el empleo en el mundo rural.