El Congreso aprueba la ley de Cambio Climático con un bloque fortalecido.
La ley marca el fin de los coches de combustión interna, y prohíbe las nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos
Aprobada la ley de Cambio Climático y Transición Energética en el Congreso. Con 22 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones, el dictamen con las enmiendas incorporadas al texto salió adelante en una comisión de transición ecológica del Congreso de los Diputados con plenas potestades legislativas. Impulsada por Unidas Podemos y PSOE, el texto ha contado con el apoyo de ERC, EH-Bildu, PNV, Teruel Existe y Ciudadanos. El Partido Popular y Más País se han abstenido y Vox ha sido la única formación que ha votado en contra. El Gobierno y el bloque parlamentario que le da apoyo se fortalecen.
La primera norma en España para mitigar el calentamiento global era (y es) una de las grandes apuestas de legislatura del Gobierno. La citada ley, una vez aprobada en el Congreso (en la comisión para la Transición Ecológica), será remitida al Senado para su ratificación final. Si no se aceptan nuevas enmiendas en el Senado, la ley quedara aprobada en unos 20 días sin necesidad de que vuelva el Congreso
Las acusaciones de “falta de consenso, diálogo y ambición climática de la futura ley” han gravitado este debate, pero la realidad es que se han introducido más de enmiendas 750. La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica del alto nivel del acuerdo obtenido.
PP se ha abstenido en la votación porque considera necesario seguir trabajando las numerosas propuestas al texto en su fase en el Senado, mientras que para Más País Verdes-Equo sería “incongruente” votar a favor de una ley “falta de ambición” y que “defiende los intereses de los lobbies de las empresas”. Aunque Cs había anunciado su abstención, finalmente ha votado a favor del texto.
La ley mantiene la previsión de prescindir de los vehículos convencionales de combustión interna en el año 2040 (gasolina, diésel e híbridos no enchufables) y prohibir las nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos, incluidas las zonas costeras.
Pero uno de los asuntos que ha suscitado más debate hasta última hora han sido las enmiendas presentadas por Más País Verdes-Equo, a través de su diputada Inés Sabanés, que reclamaba aumentar el nivel de ambición respecto a las reducciones de gases de efecto invernadero. Más País Verdes-Equo considera que la reducción de emisiones del 23% para 2030, prevista en la ley “no se alinea con la ciencia”. Estima que es una reducción “conservadora”.
Inés Sabanés -ponente de la ley- exigió elevar el objetivo de reducción de emisiones de CO2 para el 2020 hasta un 40% frente al 23% previsto y pactado, aunque admitió que el grupo se conformaría con aumentar al “entorno del 30%” la rebaja de emisiones de CO2 respecto a 1990 para esa fecha. Aseguró que lo intentaría “hasta el último instante” de la tramitación parlamentaria.
El proyecto de ley prevé para el 2030 una reducción de las emisiones de CO2 del 23% respecto a 1990. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera ha venido sosteniendo, sin embargo, que la meta del -23% es coherente y que encaja con el aumento de ambición prometido por la Comisión Europea para el conjunto de la UE (-55% en 2030 respecto a los niveles de 1990 en el conjunto de la UE.).
Los grupos parlamentarios negociaron hasta el último momento la posibilidad de elevar los objetivos de ambición climática de España en el texto del proyecto de ley. Unidas Podemos, que ha tenido que hacer una gran renuncia a sus posiciones de partida, ha mediado para lograr un acuerdo para que los objetivos de la ley se revisen al alza, pero no ahora sino en 2023.
El PP no esperaba “grandes cambios” en el texto durante su debate, ya que el texto contaba con una holgada mayoría. Su ponente, Diego Gago, indicó a Europa Press que le hubiera gustado una mayor capacidad de diálogo por parte del Gobierno en esta primera fase de tramitación parlamentaria. No obstante, el ponente popular presentó una transaccional al artículo 18 por la que quiere excluir los puntos 3 y 4, que supondría entre otros, según los populares, perjuicios para las instalaciones situadas en primera línea de la costa.
Estos son otros asuntos clave de la ley.
1) VEHÍCULOS A MOTOR. Pese a la polémica que se desató en su día, los coches de combustión interna dejarán de ser introducidos en el mercado en el 2040. El texto evita las fórmulas imperativas, pero marca esta fecha como señal indicativa clara. Algunas organizaciones ecologistas habían pedido que la “fecha de caducidad” se adelantara al 2035 para que no hubiera coches de combustión interna circulando más allá del 2050.
2) PLANES DE ACCIÓN. La ley crea dos grandes herramientas de gobernanza de clima y energía. Los planes integrados de energía y clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a 2050.
3) RENOVABLES, AUTOCONSUMO Y PRODUCTORES. Tras la negociación Unidas Podemos-PSOE, se intensifican los objetivos. En el 2030, las energías limpias deberán representar el 42% en el consumo final de energía (y no del 35% inicialmente previsto), y aportar el 74% del sistema eléctrico (y no el 70%). El consumo de energía primaria deberá reducirse un 39,5%.
El documento no menciona la palabra “autoconsumo” de las fuentes renovables. El sector fotovotaico (Unef) quería que se aprovechara la ley para trasponer la directiva de energías renovables (para mejorar los aspectos sobre seguridad jurídica, simplificación administrativa y derechos de los autoconsumidores). También pidió sin éxito que el 20% de la potencia que se subaste se reserve para las plantas de menos de 10MW para hacer un hueco para los pequeños productores.
4) COSTAS LIBRES DE PETRÓLEO. “No se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental”. De esta medida “quedan excluidas las solicitudes de concesión de explotación asociadas a un permiso de investigación vigente que se encuentren en tramitación antes de la entrada en vigor de esta ley”. No se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos. Esta disposición afecta también a las zonas costeras. Era una de las demandas de las organizaciones ecologistas que reclamaba este veto en Baleares o Canarias. Las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos a vigentes no podrán prorrogarse más allá del 31 de diciembre de 2042.
5) FRACTURA HIDRÁULICA, NO AL FRACKING. Una vez que la ley esté operativa tampoco se otorgarán nuevas autorizaciones en el territorio español para actividades de explotación de hidrocarburos donde esté previsto el uso de la fractura hidráulica de alto volumen, conocido como “fracking”.
6) ADIÓS A LA MINERÍA DE URANIO. A partir de la aprobación de la ley, “no se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas” de minas o minerales radiactivos. Es la “sentencia” para la mina de uranio que promueve una multinacional en Retortillo (Salamanca).
7) ZONAS DE BAJAS EMISIONES. El texto mantiene la obligación de crear zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de más de 50.000 habitantes para el 2023, con el fin de reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de CO2. ERC ha reclamado hasta el ultimo momento que esta obligación rija a partir de las población de 20.000 habitantes según se ha afanado en reclamar su diputado Joan Capdevila.
8) REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. Se refuerzan los artículos en este ámbito. Los materiales utilizados en la rehabilitación de los edificios deberán tener la menor huella de carbono posible a fin de disminuir las emisiones totales. Una vez aprobada la ley, en seis meses, el Gobierno debe presentar un plan de rehabilitación de viviendas. Se han introducido también introducen diversas propuestas en el último momento para aumentar la digitalización dentro de las estrategias para descarbonización.
9) ENERGIA Y ESPACIOS NATURALES. “El despliegue de las energías renovables debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial. Para ello, perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio para activar su economía y combatir el declive demográfico”.
10) ADAPTACIÓN. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático. El PNACC define los objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para fomentar la resiliencia y la adaptación.
11) SUMIDEROS. Las administraciones públicas competentes promoverán la identificación, clasificación y mejora de los sumideros de carbono, así como su evaluación y contabilización a partir de las fuentes de información existentes. También se fomentarán los productos forestales de los montes y se apoyará la bioeconomía como motor de desarrollo del mundo rural, dicen algunos de los nuevos artículos incorporados.
12) LA DIETA, A ESCENA. Los contratos públicos podrán fijar condiciones especiales que “primen los alimentos frescos o de temporada, y con un circuito corto de distribución”, para reducir emisiones de gases.
13) RECARGA ELÉCTRICA. Los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes para vehículos (electrolineras) deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua, en un plazo de tiempo de entre 21 y 27 meses, a partir de la entrada en vigor de la ley. Más País, Compromís, Esquerra Republicana de Catalunya y Teruel Existe han pedido sustituir en todos sus apartados esos 50 kW que ahora establece por 150kW. Con 150 kW la recarga se realizaría tres veces más rápido que con 50 kW, ahorrando un tiempo considerable de espera, lo que es un elemento importante cuando se está de viaj. Diversas oenegés (Transport and Environment, Ecodes, Fundación Renovables, IIDMA, SEO/BirdLife) consideran que el artículo, en este ámbito, presenta grandes carencias. Critican que, con su formulación actual, se pone el ritmo del despliegue de las infraestructuras de recarga únicamente en manos de las estaciones de servicio existentes. Todos los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas, ya sea en el interior o en un espacio exterior adscrito, deberán cumplir la exigencia relativa a las dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos establecida en el Código Técnico de la Edificación
14) PROTEGER LA COSTA. La planificación en la costa deberá tener en cuenta los efectos del cambio climático y la subida del mar sobre el litoral (siguiendo los criterios establecidos en la Estrategia de Adaptación de la Costa a los Efectos del Cambio Climático). “Por razones humanas y económicas hay que retrotraer las actividades en la costa”, dicen fuentes del PSOE. Por eso, los plazos de duración de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y sus prórrogas no deberá prolongarse más allá del período previstos en la ley de Costas (1988 y 2003); y serán “nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados en incumplimiento de lo previsto en este artículo de la ley” (el art 18).
15) CONTRIBUCIONES DE GRANDES EMPRESAS. Las grandes empresas (del Estado o que cuentan con una participación accionarial estatal) también deberán contar con planes de acción climática. En concreto, deberán elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Deberán calcular y publicar los informes sobre sus emisiones de gases invernadero (huella de carbono). Con este objetivo, el Gobierno concretará en el plazo de un año que tipología de empresas estarán implicadas, el tamaño de las que estarán sujetas a esta obligación y demás requisitos. Las empresas que resulten obligadas a calcular su huella de carbono (emisiones) deberán elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Este plan deberá incluir “un objetivo cuantificado de reducción en un horizonte temporal de cinco años, junto con medidas para su consecución”.
16) ACTIVOS EXPUESTOS. Bancos y empresas aseguradoras remitirán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dentro de su informe de gestión, un informe de carácter anual en el que se haga una evaluación del impacto financiero para la sociedad derivado de los riesgos asociados al cambio climático. Estos riesgos están generados por la exposición de su actividad; por eso deben incluir los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos. El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborarán conjuntamente, cada dos años un informe sobre el grado de alineamiento con las metas climáticas del Acuerdo de París y la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático.
17) INGRESOS POR LAS SUBASTAS DE LOS DERECHOS DE EMISION. Estos ingresos serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. Los presupuestos del Estado destinarán al sistema eléctrico al menos 450 millones de euros para financiar los costes referidos a fomento de energías renovables. Se podrá destinar hasta el 30% de los ingresos totales a medidas con incidencia social para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.
18) COMITE DE EXPERTOS. El Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética es el órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Cada año elaborará un informe para su debate en el Congreso de los Diputados. Las comunidades autónomas deberán informar de sus planes de energía y clima a partir del 31 de diciembre de 2021.
19) ASAMBLEAS CIUDADANAS. Las oenegés echan en falta las asambleas ciudadanas sobre cambio climático. Formadas por unas 100 o 150 personas elegidas por sorteo, funcionan como un jurado popular que debate y adopta sus propias resoluciones. El 21 de enero de 2020 el Consejo de Ministros prometió en su declaración de emergencia climática que iba a convocar las asambleas ciudadanas en cien días y que así se buscaba “reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático” pero más de un año después “no ha habido avances en este sentido”, se queja Extinction Rebellion.
El miércoles, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, destacó que la ley incorpora unos objetivos que están “por encima” de los marcados por la Unión Europea.
La ministra ha reclamado un “reconocimiento a todos los grupos parlamentarios y sociales que han ido contribuyendo a esta norma” en la que afirma que se han introducido objetivos “por encima de lo que marcaba la Unión Europea”. Añadió que cuando la UE fijó un objetivo de reducir las emisiones en 2030 en un 40% por ciento, el Gobierno sabía que “iba a ser necesario avanzar más” y porque era “lo inteligente” desde el punto de vista de transformación del modelo productivo hacia una economía descarbonizada.
“En las tres referencias cuantificadas en el ámbito europeo, nos movemos por encima de los objetivos”, ha defendido la ministra, que ha citado tanto el anterior escenario comprometido del menos 40% de emisiones de CO2 cuantificadas en el conjunto de la Unión Europea, como del posterior objetivo elevado de reducir estas emisiones en un 55% para 2030.
A su juicio, la norma permitirá acometer la transición ecológica necesaria para descarbonizar la economía de aquí a 2050.
Fuente:
https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20210408/6635930/congreso-punto-aprobar.html
