Aragón detecta un ave electrocutada cada 48 horas, pero la mortalidad en los tendidos es mucho mayor todavía.

La mayor parte de las bajas pasan desapercibidas y el problema afecta sobre todo a las grandes rapaces, incluidas especies amenazadas como el milano real y, sobre todo, el águila perdicera. El fiscal coordinador de Medio Ambiente ha criticado la inactividad de los gobiernos autonómicos.

Las cifras hablan por sí solas. Durante los últimos 25 años en el el Centro de Recuperación de La Fauna Silvestre (CRFS) de La Alfranca han ingresado más de 4.500 aves electrocutadas, algunas vivas, la gran mayoría peligro de extinción solo quedan 24 parejas reproductoras en todo Aragón. Sin embargo, en los últimos cuatro años en la Comunidad se ha detectado la muerte por electrocución de al menos 9 águilas perdiceras: 3 en 2016, 3 en 2017 y 3 en los ocho primeros meses de este 2019.

Por esa misma causa entre 2016 y 2018 en el CRFS de La Alfranca han ingresado 50 águilas reales (especie que en el Libro Rojo de las Aves figura como ‘casi amenazada’), 7 milanos reales (especie que a nivel nacional se encuentra en peligro de extinción), 286 buitres leonados, 61 ratoneros comunes… “Sin duda la electrocución en tendidos eléctricos es una de las causas de mortalidad entre la fauna silvestre que más nos preocupan”, reconocen fuentes del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad”.

Desde hace varios años, la memoria anual que el Centro de Recuperación de La Fauna Silvestre elabora al final de cada ejercicio avisa de que “la incidencia real de las electrocuciones en el medio natural probablemente se está subestimando”, advertencia que apunta al hecho de que en esas instalaciones solo ingresan una pequeña parte de las aves que chocan contra los tendidos.

“Encontrar los cadáveres de las aves que mueren electrocutadas es difícil porque suelen ser devorados por los animales carroñeros”, recuerdan desde la Aonsejería de Medio Ambiente de la DGA. “Además, aunque alguien los vea, si no lo comunica a los agentes de protección de la naturaleza (APN) no sirve para nada”.

A lo largo de 2018 en el CRFS de La Alfranca entraron 259 aves electrocutadas; en 2017 fueron 193; y en 2016 ingresaron 161. Los dos últimos ejercicios muestran una tendencia al alza que interrumpió un largo periodo de descenso, pero aun así todavía han quedado lejos del récord establecido en el año 2005 con 436 ejemplares víctimas de los tendidos.

Cuando se busca más, se detectan más.

¿Significa eso que ha habido una importante bajada de la mortalidad real por esta causa? Tanto los técnicos del Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre como los APN se muestran convencidos de que no. “Las oscilaciones en el número de aves electrocutadas que llegan a La Alfranca dependen de la exhaustividad con la que se revisan los tendidos ”, comentan desde la Asociación de Agentes de Protección de la Naturaleza de Aragón (Aapna). “Las cifras más altas se alcanzaron en los años en los que se intensificaron las inspecciones porque se hizo una catalogación de todas las líneas eléctricas según su peligrosidad”.

Desde la Aapna explican que, debido a la carga de trabajo, aunque el objetivo que tienen marcado los APN es revisar los tendidos de su territorio al menos dos veces al año, “lo habitual es que como mucho se inspeccionen una”.

Por otro lado, un estudio realizado por técnicos del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la empresa estatal Tragsa estimó en unas 39.000 aves (33.000 de ellas, rapaces) la mortalidad que los tendidos eléctricos provocan cada año en las 11 comunidades autónomas que colaboraron con la investigación. Los autores del informe insisten en que solo se trató de “una primera aproximación” al problema y a sus repercusiones económicas (cuantificadas en unos 140 millones de euros), pero si esos cálculos fueran acertados en Aragón cada año morirían cerca de 10.000 aves, de las cuales unas 8.500 serían rapaces.

La investigación del Ministerio y de Tragsa incluyó tanto las bajas por electrocución como las que se producen por colisión. No obstante, fuentes del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la DGA aseguran que en Aragón los choques contra los postes y los cables son “mucho menos preocupantes” que las electrocuciones propiamente dichas.

Las mismas fuentes explican que el problema afecta sobre todo a las aves más grandes, normalmente a las rapaces, porque cuanto mayor es su envergadura más posibilidades tienen de entrar en contacto con los cables que provocan la descarga. “Lo más habitual es que la electrocución se produzca cuando se posan o al desplegar las alas para iniciar el vuelo”, señalan desde la consejería que dirige Joaquín Olona. “Casi siempre tienen lugar en los postes o las torres, muy raramente en los cables, y el problema se da sobre todo en las líneas de media tensión más que en las de alta tensión”.

El delegado de SEO/Birdlife en Aragón, Luis Tirado, reconoce que, a pesar de todo, la DGA lleva años trabajando para reducir la mortalidad de las aves por electrocución. “En 2005 el Gobierno de Aragón aprobó un decreto para regular las características técnicas que deben cumplir los tendidos eléctricos, y lo hizo tres años antes de que entrara el vigor el real decreto que promulgó el Gobierno central”, recuerda. Esto significa que todas las nuevas líneas eléctricas construidas o reformadas en los últimos 14 años ya cumplen esa normativa. Sin embargo, el problema sigue existiendo con las líneas que son más antiguas, y además ni siquiera los diseños más modernos garantizan que no vaya a producirse una electrocución.

“El Gobierno de Aragón y las empresas responsables de los tendidos han ido firmando convenios para reformar y mejorar las líneas más conflictivas en los que la DGA asumía el 60% del coste, pero evidentemente ese proceso de renovación es lento”, indican desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. “Además, las empresas también van haciendo mejoras de tipo más puntual cuando se les comunica la existencia de uno o varios apoyos que están siendo conflictivos por las electrocuciones”.

La existencia de ‘puntos negros’ en la red eléctrica se pone de manifiesto gracias al trabajo de los agentes de protección de la naturaleza (que hacen un informe de cada ave electrocutada que encuentran) y de los técnicos del Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre (que realizan una necropsia a todos los animales que les llegan para intentar determinar la causa de su muerte).

La Fiscalía insta a denunciar a los titulares de las líneas.

Hace unas semanas, el fiscal coordinador de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, Antonio Vercher, envió un oficio a todas las comunidades en el que denunció la inactividad de los gobiernos autonómicos respecto al problema de las muertes de la avifauna por electrocución y por colisión contra los tendidos.

En su escrito, Verche recordó que en la provincia de Albacete se han impuesto sanciones administrativas a Iberdrola por muertes de este tipo y que en varias ocasiones los tribunales han dado la razón a la Junta de Castilla-La Mancha. Además, el fiscal coordinador de Medio Ambiente instó a los ejecutivos autonómicos a hacer llegar a las fiscalías provinciales los atestados que se incoen cuando se detecten muertes de especies en peligro de extinción y también cuando los propietarios de los tendidos se hayan negado a reformarlos pese a existir antecedentes de mortalidad por ejecución.

En Aragón el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad hasta ahora no ha iniciado acciones legales contra los titulares de ningún tendido eléctrico conflictivo ni por la vía penal ni por la administrativa, pero habrá que ver cuál es la respuesta de los actuales responsables de la consejería tras el oficio de la Fiscalía General del Estado.

“Se trataría de aplicar a las empresas eléctricas la Ley de Responsabilidad Ambiental, que está en vigor desde hace 12 años y que sin embargo no se utiliza”, explica el delegado de SEO/Birdlife en Aragón. “Si se produce una muerte por una electrocución en un tendido puede que sea un accidente, pero si son varias y además ya ha habido una advertencia previa los titulares de las líneas tienen que asumir su responsabilidad”.

Fuente: Heraldo de Aragón (30-8-2019).