5 de junio, Día mundial del Medio Ambiente

Muchas incógnitas y falta de ambición en la PAC 2023-27, que España da por cerrada.

España anunció a principios de la semana pasada que ya tiene el texto definitivo de la nueva Política Agraria Común (PAC), la que se aplicará desde enero de 2023 hasta 2027. La realidad es que todavía queda que la Comisión Europea dé su aprobación oficial a la propuesta, lo que se espera que suceda en septiembre. Es una buena noticia ya que dará seguridad a agricultores y ganaderas para planificar sus explotaciones para el año que viene. Aunque resulta triste la falta de ambición social y ambiental en un marco normativo que será insuficiente para abordar los retos actuales y futuros. Además, los tímidos avances en protección del medio ambiente están aún más amenazados por la reciente aprobación de la propuesta de la Comisión Europea de derogar a nivel comunitario ciertas prácticas clave durante 2023, como la rotación de cultivos y los espacios para la biodiversidad.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó el pasado martes la propuesta del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC). Según anunciaba el ministro Luis Planas en rueda de prensa un día antes, se trata de la versión consensuada por los técnicos de su administración y el organismo europeo. Fuentes ministeriales informaron también que el contenido se hacía eco de las peticiones que la Comisión Europea les había hecho a la versión anterior, además de aspectos surgidos durante la Evaluación Ambiental Estratégica. En ambos casos, se desconoce a qué carencias se refiere y cómo han sido subsanadas porque no se han hecho públicas las respuestas de dichos procesos.

Tampoco se conocen detalles de la norma porque no se han puesto a disposición pública anexos e informes, pese a que se nombran en la web ministerial. Todo ello se suma a la falta de transparencia y participación que ha habido especialmente en el proceso final de negociación de la PAC, durante el cual gran parte de la sociedad civil concienciada no ha sido ni informada, ni ha tenido oportunidad de ser tenida en cuenta.

De la información a la que sí se ha podido acceder, se puede inferir ciertas mejoras en aras de una mayor acercamiento a modelos de producción más sostenibles, como es un tímido aumento del presupuesto para agricultura ecológica. También, se han incluido ciertas salvaguardas en las inversiones de regadío, pero resultan insuficiente para reducir el estrés hídrico en un país cuyas previsiones en tema de sequías y agua disponible son tan alarmantes que hubieran requerido una mayor contundencia y celeridad en acometer medidas de adaptación a la emergencia climática.

La Coalición lamenta que el Ministerio no haya dado prioridad a fomentar acciones para alcanzar una seguridad alimentaria en consonancia con la transición de un sistema agroalimentario obsoleto hacia la sostenibilidad. Uno de los aspectos que no afronta con decisión es el desperdicio y la dieta, pese a que figuran como necesidades prioritarias para alcanzar los objetivos del PEPAC y son medidas más inteligentes y sostenibles. Otro aspecto a lamentar es que en los ecoregímenes -el pago de la PAC específicamente destinado a apoyar los objetivos ambientales- se siga permitiendo el uso de herbicidas, una práctica de la agricultura de conservación directamente en contra de la biodiversidad. Esto no contribuye a que se alcancen los objetivos europeos marcados para 2030 en temas de salud, biodiversidad y reducción de plaguicidas en el campo.

De manera casi paralela al cierre del marco normativo, el Ministerio ha iniciado el procedimiento de consulta pública de los Reales Decretos sobre la ayuda básica a la renta; la condicionalidad reforzada y social; y los pagos directos y solicitud única de la nueva PAC. En total, tres propuestas de regulación a las que se pueden mandar alegaciones hasta el 5 de agosto, en las dos primeras, y hasta el 11 de agosto, para la última. Desde la Coalición, se anima a ejercer el derecho de participación tanto en éstas como en los próximos procesos que se abrirán para refutar la arquitectura legal que requiere la aplicación de esta Política.

Además, Por Otra PAC espera que tanto la Comisión Europea como el Ministerio español reflexionen sobre si el proceso de desarrollo de la PAC ha sido convenientemente informado y participado por la sociedad en su conjunto. Mientras tanto, seguiremos solicitando una vez más, que se convoquen todos los canales de participación, como el Partenariado, antes de dar por cerrado el marco normativo que condicionará el trabajo y la vida en el campo durante el próximo lustro.

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