La alcaldesa de Montanuy y su familia se beneficiaron con más de 2 millones de euros por la venta de terrenos a ARAMÓN.
Esta es la información que la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón ha facilitado a AraInfo después de investigar el origen de los terrenos de una empresa filial, Castanesa Nieve S.L. Una década después de la venta está ahora en manos de la alcaldesa “el hacer o no hacer un nuevo PGOU para satisfacer la cláusula de ARAMÓN”.
La abuela paterna de la actual alcaldesa de Montanuy, Consuelo Saura Puyol, conviviente en la misma casa, vendió en 2008 fincas familiares a Castanesa Nieve S.L. (filial 100% de ARAMÓN) y percibió por esta venta 1.437.541,5 €. Esta cifra se deduce porque ARAMÓN pagó, por el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 133.251,45 €. “Estos terrenos que siguen siendo rústicos, por la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el PGOU, la familia los sigue rentabilizando como si fueran de su propiedad”, aseguran desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón que junto con estos datos ha denunciado “¿hasta qué punto defiende la alcaldesa sus intereses personales cuando hace declaraciones de apoyo incondicional a la ampliación de la estación de esquí de Cerler por Castanesa, como única forma de desarrollo del municipio de Montanuy?”.
Además de este pago, el contrato, según la información aportada por la plataforma, establecía una cláusula penal indemnizatoria por la que la parte compradora se compromete a entregar a la parte vendedora 700.000 € si no le eran entregados en el plazo de cinco años, con prorroga de otros cinco, terrenos calificados como urbanos, “exentos de gastos de planeamiento de desarrollo, cesiones y gastos de urbanización” y lo más cerca posible de Casa Quintana, que sigue siendo el domicilio de la alcaldesa. Esta cláusula vencía el 24 de julio de 2018 y esos 700.000 euros han sido abonados hace algo más de dos años. ARAMÓN hizo la provisión de fondos en las cuentas de Castanesa Nieve del año 2014, acompañados del siguiente texto:
“El saldo que figura registrado en ‘Otros pasivos financieros’ a largo plazo por importe de 801 miles de euros corresponden al valor estimado futuro de la contraprestación a entregar, materializado en fincas, por la Sociedad en virtud de dos operaciones de compraventa y permuta efectuadas en ejercicios anteriores. El plazo para la entrega de las contraprestaciones, en cuanto a 101 miles de euros el 31 de diciembre de 2016 y en cuanto a 700 miles de euros el 28 de julio de 2018.”
La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón asegura que dado que la propietaria, Consuelo Saura Puyol murió a muy avanzada edad en enero de 2012 y su heredero, que también fue alcalde, Navidad Cereza Saura (padre de la actual alcaldesa) había fallecido anteriormente, en septiembre de 2009, “es lógico deducir que los 700.000 euros fueron abonados por ARAMÓN a sus herederos: la alcaldesa Esther Cereza Quintana y su hermano. Estos 700.000 € sumados al precio de venta, totalizan 2.137.541,5 € de beneficio total”. Unos terrenos de fincas rústicas que, según ha valorado la PAMA, “no valían ni la décima parte”.
Tras estos intercambios, está ahora en manos de la alcaldesa “el hacer o no hacer un nuevo PGOU para satisfacer la cláusula de ARAMÓN”. Sin embargo, como explica la plataforma, la ley de administración local prescribe la obligación de abstenerse a los cargos de las corporaciones municipales en el caso de “tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato”.
Esta misma ley apunta que deberían abstenerse aquellas personas que tengan amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior, hayan intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate o tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o hayan prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia.
“Creemos que la alcaldesa de Montanuy no ha observado en ningún momento esta norma y ha votado tanto en el Ayuntamiento como en la Comarca (también es Consejera Comarcal), en asuntos directamente relacionados con la empresa ARAMÓN, con la que ha mantenido una relación económica su familia y probablemente ella”, subrayan desde la PAMA que auguran que “habrá que esperar a que sea la fiscalía quien determine si, al participar la alcaldesa en decisiones y votaciones que afectan a la empresa ARAMÓN con la que probablemente ella y su familia tienen relaciones comerciales, incurre en algún supuesto ilícito”.
La redacción de AraInfo se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Montanuy y con su alcaldesa, Esther Cereza Quintana, que ha declinado hacer declaraciones.
