La justicia suspende de forma cautelar la caza en Castilla y León.
El Tribunal Superior de Justicia considera que el Gobierno regional no cuenta con informes suficientes sobre las especies cinegéticas.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha suspendido de forma cautelar el reglamento de caza de esa comunidad, lo que implica que no se podrá cazar mientras dure esta medida provisional. El auto no es firme, por lo que puede ser recurrido. Pero desde la Junta de Castilla y León se ha lamentado el daño a la economía de la región que puede suponer. Desde el partido animalista PACMA, que pleitea contra ese reglamento, han aplaudido la paralización. «Este es un ensayo general de lo que será vivir en un país sin caza», ha señalado este miércoles esa formación política.
Este tribunal lleva años analizando (y dando varapalos) la gestión cinegética de Castilla y León. En varias sentencias, según ha recordado el TSJCyL, los magistrados han alertado de que se debe contar con «estudios objetivos y actualizados» que justifiquen que una especie pueda ser considerada como cinegética. Y el tribunal entiende que el decreto anulado ahora, que da cobertura a la orden anual de caza, «no utiliza datos actualizados y suficientemente contrastados», por lo que sigue teniendo los mismos problemas que detectan desde hace años los magistrados en la regulación de esta actividad en Castilla y León.
«Para que la actividad de caza siga siendo un elemento de desarrollo económico y social de la comunidad de Castilla y León es necesario que se practique en condiciones que aseguren que la misma no perjudica el estado de conservación de las especies que se cazan», apunta el tribunal. «Y de ahí la importancia que la consideración de una especie como cinegética cuente con estudios objetivos y actualizados que así lo determinen», añade el TSJCyL.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, criticó el auto judicial el martes: «no solamente se perjudican los intereses económicos, sino también los medioambientales y de la seguridad de las personas». Y lamentó que deja a la comunidad en «situación de indefensión». El Gobierno regional tiene intención de recurrir esta decisión judicial.
La Real Federación Española de Caza considera que los magistrados de Castilla y León «se han extralimitado en sus competencias». Sus servicios jurídicos, ha añadido esta asociación, estudian si es «viable» o no poder seguir cazando en esta comunidad.
Por su parte, la presidenta del PACMA, Silvia Barquero, ha aplaudido que los cazadores se vean obligados ahora a «colgar sus escopetas, lo que supondrá un enorme respiro para los animales y para la personas que disfrutan del campo de manera pacífica, sin la amenaza de las balas». «Mientras la medida cautelar siga en marcha, Castilla y León se va a parecer mucho a lo que buscamos y reivindicamos desde nuestro partido», ha añadido este miércoles esta formación.
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/02/27/actualidad/1551285204_422530.html
