
La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos comunica la muerte por envenenamiento del ejemplar ‘Centenario’ de Picos de Europa.
La muerte de un quebrantahuesos, según el Artículo 334 del Código Penal, establece penas de prisión de seis meses a dos años y la inhabilitación de dos a cuatro años. Además de multas que pueden oscilar entre 50.001 y 200.000 euros, pudiendo alcanzar los 600.000 euros en los casos más graves
La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos ha comunicado la muerte por envenenamiento del ejemplar ‘Centenario’, perteneciente al área poblacional de Picos de Europa. Un grave atentado ambiental contra una especie que, según el Artículo 334 del Código Penal, establece penas de prisión de seis meses a dos años y la inhabilitación de dos a cuatro años. Además de multas que pueden oscilar entre 50.001 y 200.000 euros, pudiendo alcanzar los 600.000 euros en los casos más grave.
Los hechos se conocieron cuando técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), en el transcurso de las labores habituales de monitorización de ejemplares marcados, localizaron en la tarde del día 18 de enero el cuerpo sin vida del quebrantahuesos ‘Centenario’ en el límite entre los municipios de Peñarrubia y Cillorigo de Liébana (Cantabria).
Una vez constatado el hallazgo, se activó el protocolo establecido ante un posible caso de muerte no natural, procediéndose a la inmediata comunicación a la autoridad competente. Bajo este marco, funcionarios del Gobierno de Cantabria levantaron acta del hallazgo y realizaron la recogida de muestras biológicas, que fueron depositadas en dependencias de la guardería para su posterior traslado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria.
La necropsia, realizada por el equipo veterinario del Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria, ha confirmado que la causa de la muerte fue envenenamiento. Con el objetivo de conocer en profundidad lo sucedido, las muestras biológicas recogidas están preparadas para su envío al Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC), centro dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde se llevarán a cabo los análisis toxicológicos que permitirán identificar la sustancia empleada y abrir una investigación de trazabilidad.
Amplio dispositivo de batidas
En los días posteriores al hallazgo, se ha organizado un amplio dispositivo de batidas y rastreo en el área donde se produjo el envenenamiento, con el objetivo de localizar posibles cebos, restos tóxicos u otros indicios que permitan esclarecer los hechos y evitar nuevos episodios. En este operativo han participado la Unidad Especializada en Detección Canina de Venenos, agentes del Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, guardas del Parque Nacional de los Picos de Europa, efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil y técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.
Un duro golpe para la recuperación de la especie
‘Centenario’ era un macho cedido por el Gobierno de Aragón y liberado en la vertiente asturiana del Parque Nacional de los Picos de Europa en julio de 2017, dentro del programa de recuperación del quebrantahuesos en la Cordillera Cantábrica. El ejemplar portaba un emisor satelital cuyos datos mostraron localizaciones anómalas compatibles con un posible problema, lo que motivó el desplazamiento inmediato de los técnicos de la FCQ al área señalada. Tras la aproximación a la zona, se confirmó el fallecimiento del ejemplar.
‘Centenario’ formaba parte de la primera unidad reproductora establecida en Cantabria tras la desaparición de la especie en la región hace aproximadamente 70 años. Su muerte supone un revés significativo, ya que se produce en plena campaña reproductora, reduciendo de forma drástica las posibilidades de que la reproducción pueda salir adelante.
Grave atentado contra una especie en peligro de extinción
El quebrantahuesos es una especie catalogada como en peligro de extinción y figura en el catálogo de especies amenazadas. La muerte de un ejemplar de esta especie conlleva graves consecuencias legales. El artículo 334 del Código Penal establece penas de prisión de seis meses a dos años y la inhabilitación de dos a cuatro años para el ejercicio del derecho a cazar o pescar o para profesiones relacionadas con el comercio de animales, aplicándose las penas en su mitad superior cuando se trata de una especie en peligro de extinción.
Asimismo, la normativa administrativa en materia de biodiversidad considera la muerte intencionada de un animal protegido como una infracción muy grave, sancionable con multas que pueden oscilar entre 50.001 y 200.000 euros, pudiendo alcanzar los 600.000 euros en los casos más graves.

