La estrategia para la conservación del lobo permite que las autonomías maten ejemplares cuando no haya alternativa.
El documento aprobado por Transición Ecológica pretende expandir la especie hacia el este y el sur de la Península y aumentar las indemnizaciones a los ganaderos que sufran ataques.
El Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado este jueves una estrategia de conservación del lobo que pretende expandir la especie —cuya caza deportiva está prohibida en España desde 2021— hacia el este y el sur de la Península, impulsar medidas de convivencia con el mundo rural y aumentar la partida de indemnizaciones a los ganaderos que sufran ataques. Sin embargo, el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, permite que las comunidades puedan matar ejemplares cuando causen graves daños, hayan fallado todas las medidas de prevención y no se cause perjuicio a la población general de lobos. Las entidades ecologistas ven positiva la estrategia, pero critican este último aspecto, mientras varias comunidades del PP creen que el documento va en contra de la población rural. Las asociaciones de ganaderos también se oponen, aunque reconocen algunos avances. El borrador de la “Estrategia para la conservación y gestión del lobo y su convivencia con las actividades del mundo rural”, aprobado este jueves por el ministerio y las comunidades —salvo las del PP—, pretende clarificar la orden ministerial —de rango superior— que prohibió la caza de este animal en toda España en septiembre del año pasado. En aquel primer documento ya se hablaba de “extracciones” de lobos, un eufemismo para referirse a la muerte de ejemplares. La estrategia clarifica las condiciones en que las comunidades autónomas podrán activar el protocolo para eliminar a estos animales protegidos, siempre con personal especializado, cuando causen “perjuicios importantes”. “Las medidas de extracción estarán sujetas a la confirmación de que se han usado las medidas de prevención adecuadas, necesarias y proporcionadas, y que estas no han dado resultado (ausencia de alternativas satisfactorias). Además —continúa el borrador—, las extracciones no deberán ser perjudiciales para alcanzar o mantener el estado de conservación favorable de la población y siempre se habrá tenido en cuenta que la alternativa letal es la última medida que debe abordarse”. Castilla y León, Cantabria y Galicia, donde viven la mayoría de los lobos de la Península, votaron este jueves en contra de la estrategia porque les gustaría seguir permitiendo la caza cinegética de estos animales. “No podemos votar a favor de un documento que va en contra de la población rural, específicamente de la que se dedica a la ganadería extensiva”, señala un comunicado de esta primera región, que además ha recurrido ante la Audiencia Nacional la protección de la especie. Sin embargo, serán estas administraciones las encargadas de autorizar “extracciones” de animales. Si el ministerio considerara que no se cumplen las condiciones para realizarlas, podría llevar a la comunidad correspondiente a los tribunales. El ministerio mantiene que la estrategia “representa un marco de cooperación entre autoridades y sectores concernidos por la presencia de esta especie de gran valor ecosistémico”. Y destaca que el Estado aportará 20 millones de euros para poner en marcha tanto medidas preventivas frente a los ataques de estos animales (vigilancia de pastores, uso de perros, vallados y buena gestión del ganado), como a indemnizar los daños generados por la especie en la cabaña ganadera. Hasta ahora, no había un mecanismo único de indemnización, sino que cada autonomía aplicaba el suyo.
Además, se pone en marcha un nuevo censo nacional de lobos coordinado por el departamento de Teresa Ribera. En la actualidad, los datos están desactualizados y no está claro cuántos ejemplares hay en el país, aunque algunas estimaciones hablan de entre 2.000 y 2.500 animales en unas 300 manadas. Sin embargo, un reciente estudio del CSIC revela que los métodos de seguimiento del lobo ibérico tienden a sobreestimar el tamaño de las poblaciones y desaconseja su caza. Las ONG Ecologistas en Acción y WWF ha recibido el plan con esperanza, aunque con algún pero. “Valoramos positivamente la iniciativa por lo que supone en cuanto a asegurar la conservación de la especie y por su apuesta por fomentar la coexistencia entre la ganadería extensiva y el lobo, reduciendo los daños al ganado, así como por la inversión de 20 millones”, resume Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción. “El punto negro es la regulación de las extracciones: rechazamos matar lobos porque eso desestructura las manadas y aumenta los ataques al ganado”, añade. Más allá va Nacho Martínez, portavoz de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), la entidad que logró la prohibición de la caza de este animal: “Se lanza el mensaje de que se podrán matar lobos, pero no se cumplen las condiciones, porque está en una situación de conservación desfavorable. Es inaceptable que el Gobierno haya cedido a esta presión, porque en el anterior borrador de la estrategia no incluyó estas extracciones”. En su opinión, si algún gobierno autorizara cazar este animal protegido luego se podría hacer con otras especies, como osos o linces. “Si algún Gobierno permite la caza de lobos lo vamos a llevar a los tribunales”, avanza. En el otro extremo están las organizaciones agrarias. “Es una puñalada trapera al sector ganadero”, resume José Manuel Soto, responsable fauna salvaje y medio ambiente del sindicato COAG. “Yo vivo en la sierra de la Culebra, el sitio de España donde hay más lobos, y aquí siempre los hemos cazado de forma controlada, y no ha habido problemas de supervivencia de la especie. Pero de repente, por el capricho de alguien, se prohíbe. No nos vamos a olvidar de esta traición”. El ganadero critica que se proteja esta especie sin tener un censo de cuántos animales hay y denuncia que los pueblos de la comarca han dejado de recibir “entre 70.000 y 100.000 euros al año de las licencias de caza que se daban cada año para permitir capturas de lobos”. Román Santalla, secretario de Ganadería del sindicato UPA, apunta que en general no les gusta el documento, aunque admite algunos avances: “Se ha avanzado en moderar el discurso ultraecologista y negacionista de nuestro problema. El lobo está en fase de expansión. A mí se me ha comido mi perro. Hay que reconocer a quien sufre los daños a diario, porque si no el campo se revuelve”. En su opinión, es positiva la partida de 20 millones de euros, “pero no se pueden supeditar a que el ganadero tenga un búnker en su granja”. Y pide que incluyan también los “daños colaterales”: “Un lobo puede matar a una oveja, pero con el estrés, otras tres abortan y eso no se contempla”.
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