‘Quórum’ en las Cortes para que el impuesto a las renovables sea finalista.
Hasta 15 actores del sector de la energía verde y entidades naturalistas y defensoras del paisajes han departido este lunes en las Cortes como paso previo a la redacción del proyecto para el nuevo tributo autonómico.
Pocas horas después de que las calles de Zaragoza acogieran una manifestación por la ordenación de las renovables, las Cortes de Aragón han sido testigo de una larga sesión de audiencias previas a la legislación del impuesto autonómico a las plantas de energía solar y eólica. Hasta 15 ponentes se han sucedido por la sala de comisiones sin que nadie se haya desviado mucho de lo esperado. Si las empresas clamaban contra el tributo porque paralizará las inversiones en marcha y generará inseguridad jurídica, las asociaciones naturalistas y en defensa de los paisajes pedían más dureza al Ejecutivo de Azcón para ordenar la expansión verde. Solo hubo ‘quórum’ en una cuestión: la recaudación, cuando sea una realidad, deberá tener carácter “finalista” para que repercuta de forma positiva en el territorio. El balón queda ahora en el tejado de la Consejería de Hacienda que dirige Roberto Bermúdez de Castro, que debe terminar de finiquitar un tributo con el que pretendía recaudar 30 millones este año y más de 50 en los posteriores, aunque todo apunta a que será menos.
Bien lo ha resumido María Rosa Duarte Pac, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, que ha expuesto un estudio sobre la comarca Campo de Belchite, una de las que más eólica acaparaba durante los primeros compases del desarrollismo renovable. “En el periodo analizado, comprobamos que las instalaciones (de renovables) no habían contribuido a revertir la tendencia a la despoblación del territorio por la escasa participación del sector en el total de la actividad o su carácter intensivo en capital o la imposibilidad de atraer otras inversiones hizo que no actuara como motor demográfico”, ha dicho Duarte, citando que hubo “un limitado impacto sobre la renta y un transitorio efecto sobre el empleo que no se sostuvo en el tiempo”.
El estudio se extrapoló a otras regiones de Europa y, en definitiva, los casos analizados “dicen que en aquellos territorios en los que había un declive poblacional estas tecnologías no habían sido capaces de revertir esas tendencias”, lo que sugiere que los efectos sociales asociados “no pueden alcanzarse por sí solos”. “Creemos que una política fiscal puede incidir en la dirección de movilizar las actividades productivas siempre que tenga un claro compromiso con el desarrollo rural”, ha terminado la investigadora.
En contra del tributo se mostró otro investigador, en este caso gallego, donde el conflicto de las renovables está más vivo que nunca. José Manuel Iglesias, profesor del máster de Energía Renovables, de la Universidad de Santiago de Compostela, habló sobre la “contradicción en sí mismos que suponen”, dado que el impacto visual es el único que reconocen pero “obvian las ventajas de usar un recurso autóctono e inagotable y mejoran la economía local”. “No debería echarse mano de la extrafiscalidad porque un tributo ambiental, por definición, debería tender a recaudar cero. Su objetivo debería ser que las entidades contaminantes emitieran lo menos posible, y eso no es coherente con incentivar las renovables”, ha explicado Iglesias, que mostró sus dudas sobre que el tributo haya capilarizado sobre el territorio en esas autonomías donde ya se aplica.
Ignacio Pérez-Soba, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Aragón, ve “oportuna” la decisión de crear un impuesto que ya se ha tomado en otras autonomías. “Debe tener un carácter extrafiscal para realizar inversiones en el medio natural. Y es imprescindible que haya un carácter finalista sobre el medio natural de estos impuestos, porque hasta ahora no ha sido así”, ha resumido.
El territorio quiere la recaudación
Ese beneficio sobre el territorio fue reivindicado también por el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Carmelo Pérez, y por la Asociación Viento Alto, cuyo presidente, Fernando Safón, llamó a producir “más beneficios para los municipios afectados y que el tributo tenga repercusión en el Fondo Aragonés de Solidaridad”.
Por su parte, las distintas empresas y asociaciones que han comparecido han criticado la inseguridad jurídica, el impacto negativo que tendrá sobre los inversores y han defendido que las renovables ya tienen beneficios sobre el territorio. Daniel Fernández, el director de asuntos públicos y regulación de Engie España, cree que hay margen de mejora en el impuesto y “otros mecanismos menos incisivos”, como el compromiso de contratación de proveedores locales, garantías de empleo local, etc. “No estamos en contra del impuesto, sino de este impuesto. Las renovables son buenas en sí mismas, no debemos señalarlas. Hay inconsistencias y asimetrías con respecto a autonomías como Andalucía o Extremadura”, ha censurado Fernández. Por su parte, Silvia Encinas, su homóloga en EDP, ha criticado la “idea errónea” de que las renovables no repercuten en el territorio. “Ya pagamos al ICIO, el IBI, el impuesto de sociedades o el impuesto al valor de la producción de energía eléctrica. Hemos visto como en ayuntamientos donde se instalan renovables los presupuestos se están incrementando una media del 77%, y esos fondos deben revertir en economías locales a través de ingresos recurrentes, alquileres de tierras, empleos directos e indirectos o medidas compensatorias”.
“El canon pone en peligro uno de los principales vectores de desarrollo de Aragón: las energías renovables. Generará inseguridad jurídica que afecta a los inversores pero también a los consumidores industriales que tienen PPAs firmados con los promotores”, ha resumido Juan Virgilio Márquez, presidente de la Asociación Empresarial Eólica. En realidad, hace referencia a esas grandes empresas que anuncian su transición a la energía verde con proyectos asociados a las principales eléctricas a través de su financiación. Piden no aplicar el impuesto a los parques eólicos ya existentes porque sería una mala praxis regulatoria y advierten que repercutirá en el coste de la luz.
“En España nunca hemos tenido ventajas competitivas en una revolución industrial que significará que tendremos un coste de la energía eléctrica a la mitad que Alemania. No podemos difuminarla a través de impuestos y sensación de inseguridad jurídica, lo que repercutirá en sobrecostes para los consumidores. No tiene sentido hablar de otra vez de impuesto al sol si se aplica al autoconsumo solar industrial, y la base imponible del impuesto no puede ser la superficie vallada sino la utilizada”, ha explicado José Donoso, presidente de la patronal fotovoltaica UDEF.
Desde la Fundación del Quebrantahuesos abogaron por el principio de precaución y, tras advertir que se localizan 700 aves muertas al año en Aragón por impacto o electrocución, han afirmado que en el proyecto legislativo “debe quedar claramente reflejado que sea un impuesto finalista y bonificar aquellos ubicados en paisajes de baja calidad ambiental”. Por parte de la Plataforma 13 de marzo, señalaron que el impuesto “no es adecuado, sino que es preferible limitar el daño medioambiental de estas actividades industriales. “Ahora bien, sí nos parece adecuado que se paguen impuestos especiales por estas actividades que se dañan en el medioambiente”, han explicado.
Por su parte, Javier Oquendo, portavoz de la plataforma Paisajes de Teruel, insistió también en en que el objetivo de la ley en redacción es gravar el daño ambiental. “Nos alegra que se reconozca en la ley, dado que a veces se niega. Las renovables son definitivamente buenas, pero lo que hay son ubicaciones que no son adecuada sin inocuas. Lo primero que hay que hacer es planificar las renovables y solo entonces será cuando podremos proyectar el impuesto. No es una cuestión lineal, sino que tiene que atender a criterios ambientales, económicos y sociales”, ha dicho Oquendo, que ha aprovechado para reivindicar la moratoria.
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