La Guardia Civil investiga en Teruel un proyecto de Forestalia para crear el mayor parque eólico.

Agentes de la Unidad Medioambiental hicieron en julio pesquisas en diversos ayuntamientos del Maestrazgo.

La Justicia de Aragón investiga por presuntos delitos medioambientales desde hace más de dos años un proyecto eólico de Forestalia en Teruel impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica cuando estaba liderado por Teresa Ribera. En el marco de esta investigación, que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital turolense, agentes de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) del Instituto Armado hicieron el pasado mes de julio distintas pesquisas en la comarca del Maestrazgo, donde se prevé la implantación de molinos de viento para construir el mayor parque eólico promovido en España hasta la fecha.

Fuentes próximas al caso revelan a THE OBJECTIVE que los agentes de la Guardia Civil se desplazaron a distintas localidades de la comarca para requerir información a los ayuntamientos que se verán afectados por la creación de los 22 parques eólicos y examinaron con drones las zonas en las que se instalarán los mismos. Varios particulares y asociaciones denunciaron infracciones en los informes de impacto ambiental aprobados por Transición Ecológica. Estos dieron luz verde a instalar 84 aerogeneradores en espacios protegidos por la Red Natura y otros 91 en «zonas de sensibilidad máxima en uno de los sitios menos adecuados de Aragón».

Forestalia presentó el proyecto a principios de 2021 con una inversión prevista de 800 millones de euros y la creación de al menos 2.500 puestos de trabajo. En septiembre de ese año remitió la solicitud para iniciar el proceso de evaluación de impacto ambiental al departamento dirigido por Ribera, de quien dependía aprobar el proyecto. El Gobierno autorizó la declaración en diciembre, pero la no inclusión de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo abrieron la veda para interponer las denuncias. Sin embargo, la Justicia ha rechazado paralizar las obras de manera cautelar. La última fue el pasado 3 de diciembre, cuando el Tribunal Supremo desestimó esa medida interpuesta por la Asociación Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, una de las organizaciones que dio inicio a la causa judicial.

Caso Leire

Forestalia ha escalado en las últimas semanas hasta los casos de presunta corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez. Esta empresa, dirigida por el aragonés Fernando Samper y centrada en proyectos de energías renovables, ha sido una de las que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el pasado jueves en la operación en la que se detuvo a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Joseba Antxon Alonso, propietario de Servinabar.

La UCO registró las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza por mandato del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Este viernes, la Guardia Civil ha mantenido todavía la operación contra la presunta trama y ha irrumpido en Correos y varios organismos dependientes de Hacienda (la Dirección General de Patrimonio del Estado y al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales) y Transición Ecológica (la Dirección General de Política Energética y Minas). Se trata de la sección de la que dependen, precisamente, los permisos y declaraciones de impacto medioambiental en proyectos de energías renovables, como el que está bajo el foco de la Guardia Civil en el megaparque eólico de Teruel.

Los nuevos requerimientos de información se suman a otros realizados en los últimos días. Esta semana, la UCO ha acudido a dependencias de la SEPI y varias empresas participadas, como Enusa, Mercasa y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides). Los agentes también se han personado en un piso en la madrileña calle Diego de León, donde Díez mantenía reuniones, un despacho de abogados y un bar de Sevilla, además de la sede de Servinabar, que ya fue registrada el pasado junio por orden del Tribunal Supremo, que investiga amaños de adjudicaciones públicas a cambio de mordidas.

Según ha publicado THE OBJECTIVE, Forestalia también obtuvo una financiación de 17,3 millones de euros del Gobierno para uno de sus proyectos a través de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), una de las empresas públicas registradas por la trama de corrupción. La ayuda se otorgó a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip), creado a finales de diciembre de 2020 para combatir los efectos de la pandemia mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

17 millones de Sepides

«El Faiip ha financiado con 17,3 millones de euros el proyecto desarrollado por Arapellet, compañía dedicada a la fabricación y venta de pellets de madera para uso térmico, y pellets de paja destinados a la alimentación animal. El proyecto consiste en la ampliación de las actuales instalaciones de la empresa y la puesta en funcionamiento de una nueva planta», explica el documento de la Sepides al que ha tenido acceso este diario.

La ayuda a la filial de Forestalia para un proyecto que llevaba aparejada la creación de 56 puestos de trabajo se tramitó vía Sepides, pero a través del Faiip, que se creó por la disposición adicional quincuagesimoséptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. El fondo, que sigue vigente, está adscrito al Ministerio de Industria y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Industria.

En el caso del polémico parque eólico de Forestalia, Teruel Existe fue el primero en advertir a la Fiscalía y al juzgado de un presunto delito ambiental. A su juicio, la autorización del departamento que ahora dirige Sara Aagesen suponía «una barbaridad y un precedente peligroso por el alto valor del patrimonio medioambiental y cultural del Maestrazgo». Además, alertó de «la especulación que está sufriendo la España vaciada» por la proliferación de este tipo de proyectos de energía renovable.

En España, toda instalación que supere los 50 megavatios, como es el caso del proyecto Maestrazgo, la tramita el ministerio. Algo que ha empujado a muchas empresas a trocear sus macroproyectos para que sumen el límite exacto que les permita eludir el control. Algunos gobiernos regionales, muy permisivos con el despliegue de la energía renovable, han dado luz verde a este tipo de planes sin atender con gran rigor al impacto ambiental.

La denuncia de Teruel Existe

La denuncia de esta formación, a la que tuvo acceso este diario, sostiene que el megaproyecto del Maestrazgo debería haberse tramitado como un único plan y ser sometido a una evaluación ambiental estratégica. Explica que los aerogeneradores quedarán rodeados por Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) y que alguno de los parques «invade» áreas que incluyen planes de recuperación de tres especies en peligro de extinción: el quebrantahuesos, el águila azor perdicera y la alondra ricotí.

Los querellantes creen que los molinos de viento afectarán de forma directa a lugares de interés geológico y que el estudio sobre la línea de evacuación está incompleto. Además, subrayan que el Gobierno permitió modificar el expediente para introducir nueva documentación «sin que nunca hayan sido evaluadas ambientalmente» ni «expuestas a información pública».

En cuanto a las irregularidades detectadas, exponen que se permitió al promotor presentar 36 nuevas posiciones de aerogeneradores, algunas alejadas a más de cuatro kilómetros de su posición inicial. También critican que la evaluación de impacto no valora «suficientemente» cómo la proliferación de molinos dificulta la extinción de incendios y que han sido «mal valoradas» las repercusiones en el medio socioeconómico y el paisaje.

Fuente:

https://theobjective.com/espana/tribunales/2025-12-15/guardia-civil-proyecto-forestalia-teruel-gobierno/