La ausencia de planificación.
Undécimo artículo del especial “El despliegue de energías renovables en el medio rural aragonés” que AraInfo | Diario Libre d’Aragón irá publicando durante el verano. Una serie elaborada por integrantes de las entidades Colectivo Sollavientos y Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, para fomentar entre la sociedad aragonesa el conocimiento de la realidad y de las consecuencias del despliegue sin planificación de instalaciones de energía renovable en nuestro país.
Teniendo en cuenta su dimensión y trascendencia, uno podría suponer que el actual despliegue de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos se está realizando de una forma racional y ordenada, buscando un equilibrio entre la necesaria transición energética y la preservación del paisaje, la biodiversidad y los modos de vida de los territorios afectados. Nada más lejos de la realidad. Asistimos a un cambio de paradigma económico y social dejado al albur de la especulación empresarial y de los endebles mecanismos de evaluación ambiental que supuestamente deberían contenerla. En lugar de despliegue, lo que vemos es una avalancha, un tsunami difícil de gobernar con las escasas herramientas normativas y la aun más escasa voluntad de las Administraciones Públicas.
En el caso de Aragón, nuestras competencias en materia industrial, medioambiental y de ordenación territorial nos permitirían promulgar una directriz específica de implantación de energías renovables en el contexto de la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón (EOTA). Se atajaría así, por ejemplo, la inaceptable ubicación en zonas ambientalmente sensibles, el fraccionamiento fraudulento de proyectos o el atentado que muchos de éstos suponen a los Montes de Utilidad Pública. Tal directriz no existe ni se la espera. Entretanto, un decreto autonómico de 1995 sobre “regulación de la energía eólica” y un decreto-ley de 2016 de “impulso a la energía eólica”, que apuntaban tímidamente a una cierta ordenación del sector, no han mostrado ninguna efectividad. La figura de Planes Eólicos Estratégicos definida en el primero de ellos apenas se ha materializado, y la consiguiente Evaluación Ambiental Estratégica que prevé la Ley estatal de Evaluación Ambiental es, en Aragón, un ensueño.
Hay otros instrumentos de planificación que avalarían decisiones reguladoras si se tuviera voluntad para ello. Por ejemplo, el Plan Energético de Aragón 2013-2020, aunque no tiene Evaluación Ambiental Estratégica, sí incluye un informe de sostenibilidad que pide, como criterio ambiental estratégico, “preservar los espacios naturales o territorios que cuenten con figuras de protección ambiental establecidas por las distintas legislaciones europea, nacional o autonómica (Red Natural de Aragón, Red Natura 2000, Planes de recuperación o conservación de especies amenazadas), los dominios públicos forestal y pecuario y las zonas de alto valor paisajístico o elevada fragilidad ambiental”. Dicho criterio es ignorado de forma flagrante y sistemática. A nivel estatal, el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) también resulta manifiestamente insuficiente. Si bien su documento ambiental estratégico indica que “será necesario definir áreas de exclusión en función del valor de conservación y vulnerabilidad de los hábitats…”, esas áreas nunca han sido definidas.
Numerosas entidades científicas y profesionales, como el Colegio de Biólogos de Aragón o la demarcación aragonesa del Colegio de Ingenieros de Caminos, han reclamado instrumentos de planificación y ordenación territorial con carácter previo a la implantación de los grandes proyectos de energías renovables. También lo han hecho órganos consultivos del Gobierno autonómico, como el Consejo de Protección de la Naturaleza (CPNA) y el Consejo de Ordenación del Territorio (COTA).
Mientras no existan tales instrumentos, crece la opinión de que debería paralizarse cautelarmente la tramitación de nuevos macroproyectos de energías renovables, al menos en zonas sensibles y conflictivas ambiental, paisajística, económica y socialmente. Esa moratoria permitiría una reflexión social profunda, antes de tomar decisiones que condicionen de forma irreversible el futuro. Hay margen para ello: en 2022 había instalados en el Estado español 37 GW de energía eólica y fotovoltaica, y hasta enero pasado se habrían tramitado nuevos proyectos con una potencia total cercana a los 60 GW. La suma excede con creces los 62 GW previstos por el Plan Integrado de Energía y Clima (PENIEC) para 2025. Lo que urge, por tanto, no es ahondar más este desgobierno, sino parar un tiempo y recapacitar.
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