El Gobierno pagará a las eléctricas 15 millones al año para que cumplan la norma y eviten la electrocución de aves.

El Gobierno tiene previsto pagar cada año hasta 15 millones de euros a las eléctricas para que ajusten sus tendidos aéreos a la normativa medioambiental, según el proyecto de decreto ley preparado por el Ministerio de Medio Ambiente. Estas infraestructuras fulminan cada año decenas de miles de aves. Muchas de las víctimas son especies protegidas cuya recuperación supone además una inversión millonaria de fondos públicos. Así Iberdrola, Endesa o Unión Fenosa contarán con una inyección directa de dinero público para sufragar la adaptación de sus torretas a las exigencias medioambientales. El decreto fue expuesto a información pública durante el pasado mes de agosto, con el Ejecutivo en funciones. Si el titular de la línea es un particular o una entidad pero no compañía eléctrica, el texto no admite la ayuda directa sino «en especie»: se encargará de los trabajos. El Gobierno tiene previsto pagar cada año hasta 15 millones de euros a las eléctricas para que ajusten sus tendidos aéreos a la normativa medioambiental, según el proyecto de decreto ley preparado por el Ministerio de Medio Ambiente. Estas infraestructuras fulminan cada año decenas de miles de aves. Muchas de las víctimas son especies protegidas cuya recuperación supone además una inversión millonaria de fondos públicos. Así Iberdrola, Endesa o Unión Fenosa contarán con una inyección directa de dinero público para sufragar la adaptación de sus torretas a las exigencias medioambientales. El decreto fue expuesto a información pública durante el pasado mes de agosto, con el Ejecutivo en funciones. Si el titular de la línea es un particular o una entidad pero no compañía eléctrica, el texto no admite la ayuda directa sino «en especie»: se encargará de los trabajos. La decisión de asumir este gasto por parte del Estado partió del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 al decretar las «medidas técnicas» para la protección de avifauna. La forma de subvención y el montante económico anual han corrido a cargo del Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy. Hasta 15 millones de euros anuales para cubrir el 80% de los gastos de las empresas titulares de los tendidos eléctricos, según el proyecto de decreto ley. La cifra no es casual. Es el máximo que admite la Unión Europea para que no se consideren ayudas públicas a empresas y respetar las normas de mercado. Además, el ministerio justifica esta subvención al especificar que «la financiación tendría la consideración de compensación por servicio público ya que los titulares de las líneas eléctricas situadas en zonas protegidas vienen obligados a realizar dichas correcciones». La muerte de aves al chocar con las infraestructuras eléctricas es una sangría cada año y está considerada una de las principales amenazas de la avifauna. El Ministerio de Medio Ambiente estima que, al menos, caen 25.000 ejemplares aunque se cree que la cifra es bastante más elevada ya que muchas, como en el caso de los envenenamientos cinegéticos, no son detectadas. Una gran cantidad de ellas pertenece al Catálogo de Especies Amenazadas. De hecho, este listado que recoge las variedades más vulnerables parece un calco de la relación de víctimas de los cableados. Dejar que los tendidos abatan o electrocuten estos ejemplares es tirar a la basura millones de euros en planes de recuperación. Un plan actualmente activo para que el águila imperial colonice territorio portugués desde España se ha llevado 2,4 millones de euros de la Unión Europea. Solo el proyecto Life Bonelli para la recuperación integral de la población del águila perdicera, que está en curso, tiene un presupuesto público de dos millones de euros. Uno de sus ejemplares, anillado y controlado, cayó el 9 de noviembre en un tendido en Zaragoza. Se llamaba Korres. Había nacido en Francia, fue criado e introducido en Álava. Su campeo le llevó hasta La Rioja y a establecerse en Zaragoza. El informe de su muerte elaborado por la Diputación alavesa que ha revisado eldiario.es dice: «Era cuestión de tiempo que se electrocutara» debido al «mal estado» de los postes de Endesa en esa zona. La necropsia oficial realizada en el centro de recuperación de fauna de Aragón remata: «Un tendido con apoyos poco seguros atravesando un territorio abundante en presas constituye una trampa mortal». «De promedio se puede decir que poner cada ave en el campo cuesta unos 30.000 euros y adaptar cada apoyo unos 3.000», explica Nicolás López responsable de Especies Amenazas de SEO-Birdlife. Cigüeñas, cernícalos, buitres negros… han contado con proyectos específicos pagados por la Unión Europea para tratar de conservar las especies –además de beneficiarse de otros planes más genéricos–. Todos son víctimas habituales de la red. Incluso la propia corrección de tendidos ha merecido la concesión de proyectos medioambientales cofinanciados por Europa. Retraso en cumplir las obligaciones El actual Gobierno entiende que tanto la Administración central como las comunidades autónomas y las compañías eléctricas «han venido realizando numerosas actuaciones para la corrección de las líneas eléctricas, si bien estas actuaciones resultan aún insuficientes». Nicolás López cree que «las compañías deberían asumir más responsabilidad ya que, al fin y al cabo, son las que se benefician económicamente de esas infraestructuras». La amenaza de que las eléctricas tradujeran esa responsabilidad «en la tarifa a los consumidores» ha trasladado el peso del gasto a las arcas públicas, analiza López. En realidad, aun con todo, España va muy retrasada en cuanto al cumplimiento de las exigencias legales para que la red eléctrica no esquilme año tras año las poblaciones de aves. El decreto de 2008 daba un año a las comunidades autónomas para identificar las zonas de protección donde aplicar la normativa. Fuera de esas áreas no hay obligaciones. El mapa de zonas de protección serviría para, en un año como máximo, crear un inventario de tendidos peligrosos obligados a corregirse. Ocho años después, solo seis regiones lo han creado entre las que están Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Andalucía. Las últimas, La Rioja y Aragón, los han detallado durante este último trimestre de 2016. Mientras se completan los trámites, el vuelo de miles de aves sigue terminando segado de golpe. Fuente: http://www.eldiario.es/ (25-11-2016)