El Gobierno de Aragón inicia los trámites para la rescisión de contratos de depuradoras del Pirineo.

El Gobierno de Aragón ha instado al Instituto Aragonés del Agua (IAA) a iniciar la resolución de los contratos de construcción y explotación de las depuradoras del Pirineo, después de que el IAA haya desestimado modificarlos por ser “legalmente inviable”. Así lo ha explicado en rueda de prensa el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Ejecutivo autonómico, Joaquín Olona, que ha comparecido junto con la directora del IAA, Inés Torralba, que han indicado que con el objetivo de lograr una adecuada depuración de las aguas del Pirineo se volverán a sacar a licitación nuevas depuradoras. En concreto, está previsto construir 18 o 19 entre el año que viene y 2023, con un coste de 75 millones de euros, una cuantía “perfectamente asumible” puesto que el plan de concesión vigente hasta ahora suponía un coste anual al Gobierno de Aragón de entre 17 y 18 millones de euros durante 20 años. Olona ha señalado que esto va a permitir “un ahorro importante para los ciudadanos” y la voluntad es ejecutar las obras “tan pronto como sea posible”, priorizando nueve de ellas por afectar a zonas con mayor concentración de población, aquellas que tiene más de 2.000 habitantes equivalentes. La directora del IAA ha explicado que este año se quiere resolver la rescisión de estos contratos, entre 2018 y 2019, tramitar las nuevas depuradoras y entre el año que viene y el siguiente iniciar las primeras, que estiman serán las de Ansó, Hecho-Siresa y Sallent-Formigal, si bien este proceso se va a someter a participación, ha remarcado Olona. El sobredimensionado Plan Pirineos El consejero ha recordado que al inicio de la legislatura ya cuestionó el sistema concesional para realizar estas depuradoras, conocido como Plan Pirineos, y fue el Gobierno el que impulsó la modificación de los contratos por considerar que había algunas “que no se necesitaban o estaban sobredimensionadas”. Al respecto, la directora del IAA ha detallado que el Plan Pirineos había hecho una previsión de depuración para una población de 160.000 habitantes equivalentes, cuando esa zona suma 20.000 y si bien en temporada estival y de esquí se cuadriplica el número de personas, la cifra inicial duplicaba las mejores expectativas. Olona ha subrayado que la acción del Ejecutivo es anterior al inicio de la elaboración del informe de la Cámara de Cuentas sobre este asunto, cuyas conclusiones, “respaldan y ratifican las decisiones que hemos ido adoptado” y también a la aprobación el pasado mes de abril de una comisión de investigación en las Cortes de Aragón sobre la gestión pública en materia de saneamiento y depuración de aguas. A la espera de la investigación La portavoz de Podemos Aragón en las Cortes, Maru Díaz, salía al paso de las declaraciones del consejero Olona y le recordaba que su grupo parlamentario lleva “dos años diciendo que hay contratos que no deberían estar vigentes en la actualidad” y que parte de las conversaciones entre el Gobierno de Aragón y Podemos, de cara a aprobar los presupuestos de este 2017 giraron en torno a esta problemática. Díaz ha recordado que este primer paso, la rescisión de contratos por parte del Gobierno de Aragón, no hace sino dar la razón a su grupo parlamentario y a los municipios que han reclamado al respecto, algunos de ellos viéndose sancionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro. “Es una mala gestión que estamos pagando entre todos”, ha insistido Maru Díaz, que ha llegado a asegurar que durante años, el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración ha ido acumulando errores encadenados. “Si juntas toda la inutilidad de todos los políticos de la Historia, es difícil que salga como resultado el despropósito que estamos viviendo en torno a las depuradoras”, ha apostillado la portavoz de Podemos. Para Podemos Aragón además de reconocer que el plan no funciona, hay que mirar atrás. “Hay tres razones fundamentales que hacen que esto no haya funcionado”. La primera de esas razones, según ha esgrimido Maru Díaz, es la elección de una ejecución externalizada, que ha hecho no solo que se contratara por obra y servicios, sino que 160 millones de euros destinados a estas obras se desviaran para otras obras. Un dinero que deberá ser devuelto a las arcas del Estado. Las otras dos cuestiones que para Podemos son causa del despropósito, y sobre las que hay que echar la vista atrás, son la sobredimensión y las tecnologías escogidas, excesivamente caras. Estas tres causas son las que consideran más que suficiente para iniciar una investigación seria sobre el caso pues en palabras de Maru Díaz: “Si no es corrupción, bien se le parece”. “Detrás de esto hay un impuesto. Un impuesto que se vende como medioambiental, y no es un impuesto medioambiental. Es un impuesto para tapar la fiesta de los de arriba”, ha asegurado Díaz, en referencia al Impuesto de Contaminación de Aguas, relacionándolo con el despropósito de las depuradoras y advirtiendo que una familia media va a tener que pagar unos 160 euros anuales, para tapar ese “agujero presupuestario”. Desde Podemos entienden que no se puede sostener que la única explicación del Gobierno de Aragón sea rescindir los contratos, sin explicar los costes, tanto de devolución de los 160 millones de euros al Gobierno central, como en las posibles indemnizaciones a las empresas concesionarias. Por todo ello entienden que es fundamental que se inicien las reuniones de la Comisión de Investigación cuanto antes, para poder tomar declaración a todas las personas responsables de este entramado, tanto a nivel político como empresarial. Pagos a las empresas contratadas La rescisión de contratos supondrá la obligación de pagos por parte del Gobierno de Aragón a las empresas que verán finiquitados sus contratos. De las cuatro zonas de actuación, tan solo en la P-2, en el entorno del Río Galligo, se han iniciado obras. En el resto, falta de financiación bancaria para las concesionarias, desacuerdos con los municipios o inviabilidad de las obras las han mantenido paradas, hasta que finalmente serán rescindidos los contratos, aunque si que cobrarán “a precio de mercado”, los trabajos realizados, en el caso de estos tres sectores la redacción de los proyectos. Dos de las concesionarias, las de las zonas de actuación de Río Aragón y de Ésera y Noguera Ribagorzana ya han presentado dos recursos contencioso administrativos y reclaman a la Administración siete millones de euros, si bien la directora del IAA ha apuntado que “entendemos que no prosperarán”, algo que desde Podemos miran con cautela advirtiendo que habrá que ver “si los tribunales son tan benevolentes”, advirtiendo que puede haber contratos con clausulas de lucro cesante, como se ha descubierto en casos como el Castor o Acuamed, en los que coinciden alguna de las empresas. Fuente: Arainfo (21 junio, 2017).