Aprobada Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados (Madrid), para la restitución territorial de los municipios afectados por las centrales hidroeléctricas.

El pasado 31-3-2017 se aprobó una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados (Madrid), impulsada por el diputado por el PSOE Gonzalo Palacín para la restitución territorial de los municipios afectados por las centrales hidroeléctricas. Han pasado más de cien años desde que se construyeron las primeras centrales hidroeléctricas en el Pirineo aragonés (9 instalaciones en la cuenca del Cinca), con el fin de generar la potencia eléctrica necesaria para las zonas industriales de las grandes ciudades. Los territorios donde están ubicadas estas centrales soportan una serie de infraestructuras que tuvieron y tienen un elevado impacto, tanto social como económico y ambiental (líneas de alta tensión, canales, embalses que anegaron tierras y pueblos, etc.). Son infraestructuras que en muchos casos limitan el desarrollo de otras actividades, además de generar actualmente poco empleo, ya que se han automatizado todas las instalaciones. Es por lo tanto necesario que desde las instituciones se utilicen las herramientas legislativas existentes para corregir esta injusta situación y más en zonas con serios problemas de despoblación y limitadas oportunidades de creación de empleo para conseguir un desarrollo socioeconómico sostenible. Con el fin de recoger adecuadamente estos planteamientos en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado modificar el artículo 67 que define la restitución territorial (RD. 1/2016) para garantizar que los rendimientos que obtenga el Organismo de Cuenca procedentes de la explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos o de las reservas de energía (25%) irán destinados en primer lugar y preferentemente a la restitución económica y social del territorio que los genera. Desde la FCQ apoyamos la iniciativa y consideramos que la energía reservada que las empresas concesionarias están obligadas por cláusula a ceder al Estado debería contribuir prioritariamente al desarrollo socioeconómico y ambiental de los territorios, tal y como sucede en nuestro país vecino Francia.