Por una restitución sostenible del agua y la energía en el Pirineo.

Resultaba bastante evidente que el aprovechamiento de los recursos hídricos y desarrollo socioeconómico en las comarcas pirenaicas han ido por caminos separados. Esto ha sido resultado de la pérdida de capacidad de decisión de los territorios donde ha residido el recurso. Actualmente tenemos una economía de principios del siglo XXI, que en temas hídricos soporta un acuerdo institucional y concesional implícito que data de principios del siglo XX, que debería revisarse para adaptarlo a la nueva realidad socioeconómica. Las compañías eléctricas explotan en España alrededor de 800 centrales hidráulicas, existiendo en Aragón más de un centenar, que producen la décima parte de la hidroelectricidad del país. Según la Ley de Aguas 1/2001 toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a 75 años. El periodo de concesión del salto hidroeléctrico de Lafortunada-Cinqueta (central de 41 MW-megavatios-) finalizó en 2007. La incapacidad del Estado central para revertir a tiempo los aprovechamientos hidroeléctricos, ha impedido la restitución económica y social del territorio (afecciones ambientales-menos caudal ríos-, paisajísticas-pilonas, cables, canales-) sin tener en cuenta a los municipios y comarcas directamente afectados por las instalaciones y que supuesto durante estos nueve años un ingreso para las empresas eléctricas de 8 millones de euros anuales, en la central Lafortunada-Cinqueta. En abril de 2016 las Cortes de Aragón acuerdan manifestar su preocupación y rechazo ante esta situación, ya que supone el incumplimiento de la legislación vigente en materia de aguas, al impedir la utilización de los recursos derivados de la explotación directa de este salto por parte de la Administración General del Estado tras la caducidad de la concesión y por tanto, una merma de recursos evidente para el desarrollo socioeconómico del área afectada por los impactos negativos que la construcción de estas infraestructuras han supuesto desde hace décadas. En mayo de 2016 la Diputación Provincial de Huesca (DPH) exigió por unanimidad al Ministerio que los rendimientos obtenidos por el Estado en la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos o de las reservas de energía se destinen en primer lugar a la restitución económica y social del territorio que los genera, en este caso al Pirineo aragonés, en forma de planes de desarrollo económico y social o de necesidades energéticas de abastecimientos de agua. En Francia como en otras cuestiones nos llevan décadas de adelanto, ya que los municipios reciben a través del Impuesto de Actividades Económicas una contribución económica por parte de las compañías eléctricas en función de las infraestructuras instaladas en su territorio (Aragnouet recibe anualmente 1.000.000€). Es por ello que desde la FCQ revindicamos que se reviertan parte de los beneficios obtenidos por las empresas que explotan los recursos hídricos en el territorio, con el fin de desarrollar actuaciones sociales y ambientales en el medio rural tan necesarias. Así como la aplicación efectiva de la Directiva Marco del Agua (caudales ecológicos) y un plan de manejo de conservación de los ríos de montaña. Por ello se deberían arbitrar medidas o propuestas encaminadas a la restitución sostenible del agua y la energía en el Pirineo.