El megaproyecto ‘sostenible’ de Aragón: 4,3 kilómetros de telecabina en un valle en vías de protección.
El proyecto conlleva la unión de las estaciones de Formigal, Astún y Candanchú. Será el décimo mayor dominio esquiable del mundo y el primero en España.
Gran negocio sostenible para algunos. Atropello medioambiental e inversión abocada al fracaso para otros. El ya viejo anhelo de que Aragón tenga el mayor dominio esquiable de España, y uno de los más grandes del mundo, conllevaría la construcción de una telecabina de 4,3 kilómetros a través de un valle de los Pirineos en vías de protección. Ello, unido a las sucesivas alertas acerca de la progresiva reducción de la cantidad de nieve, despierta abundantes dudas medioambientales en torno al proyecto.
Los obstáculos, sin embargo, no frenan el empeño de los diferentes gobiernos (socialistas y populares), que se agarran a la bandera de internacionalizar el turismo de nieve en Aragón y competir con las grandes estaciones alpinas. También lo basan en que este sector supone alrededor del 7% del PIB de la comunidad y emplea a unas 14.000 personas.
Sobre esas premisas, el pasado 25 de enero, el Consejo de Gobierno aragonés dio luz verde al convenio de colaboración ratificado por el Ejecutivo autonómico, la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Aramón (grupo participado al 50% por el Gobierno de Aragón e Ibercaja, que controla gran parte de las estaciones invernales de la comunidad), Formigal y la estación Valle de Astún. La firma definitiva del convenio se producirá el próximo 14 de febrero y será la DPH quien desarrolle la inversión.
Podemos y Chunta Aragonesista (que forman parte del cuatripartito gobernante en Aragón, junto al PSOE y al Partido Aragonés –PAR–) se mostraron contrarios a dicho acuerdo.
Más de 26 millones de euros de los fondos europeos para conseguir el mayor dominio esquiable de España
El proyecto consiste en la unión de los valles de Tena y del Aragón, que supone, por un lado, la comunicación entre las estaciones de esquí de Astún y Formigal, y, por otro, la de Astún y Candanchú. En total, alrededor de 300 kilómetros de nieve, fruto de la suma de las capacidades actuales, puesto que, en principio, aseguran, no se crearán nuevas pistas. Se convertiría en el 10º mayor dominio esquiable del mundo y lideraría el ranking en España.
No es un objetivo novedoso. En 2013, y con PP y PAR como coalición en el Gobierno, se inició la tramitación administrativa con la Declaración de Interés General del proyecto.
Tras años dormitando, se acelera ahora gracias a la concesión a Aragón de una ayuda de 33,7 millones de euros para el desarrollo de cinco Planes de Sostenibilidad Turística. Están financiados íntegramente con los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los requisitos de la ayuda exigen que esté terminado en 2025.
Del total, el trozo más grande del pastel (26,4 millones de euros) se lo llevará esta unión de estaciones. Y todavía se calcula que restarán, al menos, otros 8 millones para costearlo, que previsiblemente saldrán de las arcas autonómicas.
La protección de Canal Roya
Sin duda, la mayor polémica alrededor del proyecto es la telecabina de 4,3 kilómetros que deberá atravesar el valle de Canal Roya para unir Astún y Formigal. Tardará algo más de 14 minutos y transportará a 2.400 personas cada hora.
La controversia surge porque en 2006 (con el PSOE y otra vez el PAR en el Gobierno autónomo) se decretó el inicio del procedimiento de aprobación de un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) en el ámbito de los valles de Canfranc y Tena, que englobaría, entre otros, el valle de Canal Roya.
En dicha ordenación, sustentada por la Consejería de Medio Ambiente (liderada entonces por el PAR), se establece textualmente: “Durante la tramitación de este plan, no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica, que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos del mismo”.
Además, agrega que, “hasta que se produzca la aprobación definitiva del PORN, no podrá otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión, sin informe favorable del Departamento de Medio Ambiente”.
El proceso de desarrollo del PORN exigía la creación de un consejo consultivo. Y así se hizo. En esa misma legislatura y en la siguiente (2007 – 2011, de nuevo con PSOE y PAR), el proyecto siguió su marcha (lenta) sometiéndose a la participación pública. Sin embargo, a partir de 2011 (esta vez con PP y PAR) quedó guardado en un cajón.
La unión de estaciones enfrenta al PSOE y a Podemos
Ahora es Podemos quien tiene la competencia medioambiental –puesto que se encarga de la Dirección General de Medio Natural– y ha decidido reactivar el PORN. Incluso ya ha comenzado los trámites para reconstituir el órgano consultivo, lo que ha generado una porfía en el seno del Ejecutivo.
Diego Bayona, director general de Medio Natural, asegura que un informe solicitado por él mismo al Servicio de Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000, confirma que la protección que emana del decreto mencionado sigue vigente. Por lo tanto, en este momento no hay posibilidad de intervenir en ese lugar, al menos hasta que se oficialice la figura protectora y se detalle qué se puede hacer y qué no.
A la vez, la DPH maneja otro informe en el que remiten al artículo 26.6 de la ley de 2014 que modificaba la Ley de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, en el que se establece que “el PORN deberá ser aprobado en el plazo de dos años, a contar desde la Orden de inicio”.
Fuentes de Podemos aseguran que su Servicio de Espacios Naturales interpreta, respecto a esa ley, que no afecta a los planes que se iniciaran con anterioridad a su modificación.
Y el pasado viernes, 10 de febrero, el consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona (PSOE), detalló que, en virtud de un nuevo informe encargado por su departamento a los servicios jurídicos del Gobierno, los efectos de la protección ambiental han cesado, considerando tanto la fecha de promulgación del decreto, 2006, como la de la modificación de la ley, 2014.
Pero, a su vez, Olona también resaltó que «en ningún caso los valores naturales de la zona quedan indefensos», puesto que están protegidos por la existencia de un plan de gestión Red Natura 2000 específico para esa zona. Además, dejó claro que el proyecto se someterá a la evaluación de impacto ambiental.
Los grupos ecologistas creen que el Gobierno tendrá que devolver las ayudas y pedirán en Bruselas que se acelere la protección
Las cinco organizaciones ecologistas estatales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) se han posicionado diametralmente en contra de la unión de estaciones. En los próximos meses tratarán de presionar en Bruselas para que se acelere el proceso de desarrollo del PORN y evitar que se impulse la creación de este dominio esquiable.
En un comunicado publicado en la web de Ecologistas en Acción, afirman lo siguiente: “Comportaría un impacto irreparable en el paisaje y en las especies de la fauna y la flora de este espacio pirenaico, especialmente en Canal Roya, un gran valle glaciar, al pie de pico Anayet, de extraordinaria belleza y valores naturales. El proyecto contempla levantar dos entramados de grandes pilastras metálicas, ancladas en hormigón, para sostener los cables por los que discurrirían telecabinas en ambas direcciones. Se pretende construir una carretera de servicio y evacuación a lo largo de todo el recorrido y se edificaría una estación de servicios en el fondo del valle”.
Los grupos ecologistas se muestran convencidos de que el proyecto para conseguir tamaño dominio esquiable incumple todos los objetivos ambientales. Por ello, creen “que el Gobierno español se verá obligado a devolver los fondos”, destacan.
Sostienen que «se enmascara como turismo sostenible, pero no cumple con el principio de ‘No Hacer Daño Significativo’ (DNSH por sus siglas en inglés). Esta es una condición sine qua non establecida por la Unión Europea (UE) para la asignación de los fondos europeos, que obliga a justificar que los proyectos financiados no impactarán de forma negativa a ninguno de los seis objetivos medioambientales definidos por la UE«.
El asunto ha llegado al Congreso de los Diputados, en este caso, de la mano de Izquierda Unida Aragón. Su diputado nacional, José Luis Bueno, registró una pregunta parlamentaria en pos de conocer qué actuaciones prevé hacer el Gobierno central “para controlar un proyecto que va a afectar gravemente a un ecosistema de alta montaña tan valioso y frágil”.
¿Da para más el negocio de la nieve?
Además de los cinco mencionados anteriormente, que incluyen la creación del gran dominio esquiable, Aragón gestionará otros tantos Planes de Sostenibilidad Turística correspondientes a la convocatoria de 2021. En total, una decena de proyectos turísticos que conllevan más de 63 millones de euros. De ellos, 53 millones (por encima del 84%) serán para el turismo de nieve.
Una apuesta absoluta por el sector, que parece colisionar con las advertencias científicas acerca de la cada vez mayor escasez de nieve.
El propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se hizo eco, bajo el título de Adiós al manto blanco del Pirineo, de un informe del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático (OPCC). La conclusión central del mismo es que, “en el Pirineo Central (a más de 1.800 metros de altura), el espesor medio de la nieve podría disminuir a la mitad en el año 2050, a la vez que la permanencia de la nieve en el suelo podría reducirse en más de un mes”.
De hecho, las estaciones de esquí de Teruel, Javalambre y Valdelinares, han tenido en 2023 la apertura más tardía de su historia por la falta de nieve. Y Candanchú ya necesitó una ayuda de dinero público para poder abrir sus puertas.
A esto se agarran las organizaciones ecologistas. En el comunicado mencionado anteriormente aseveran que la unión de estaciones “no debe llevarse a término por sus negativos impactos ambientales. Pero también porque daría continuidad a un modelo de desarrollo insostenible. Una apuesta que no genera empleo de calidad y que está destinada a desaparecer en el corto plazo por las condiciones meteorológicas provocadas por el cambio climático”.
En el mismo sentido, Paco Iturbe, portavoz de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, explica en conversación con La Marea que el valle pirenaico de Canal Roya es “un santuario» por la flora y la fauna: «Es uno de los pocos lugares del Pirineo que se mantiene virgen. Cargárselo es perder una de las señas de identidad de Aragón. Encima para nada, por una actividad que será insostenible en 10 o 20 años como mucho”.
Frente común de empresarios, ayuntamientos y comarcas y rechazo de la Federación Española de Deportes de Montaña
El pasado 8 de febrero, en la sede de la DPH, se reunieron representantes de esta institución junto a los de los empresarios, ayuntamientos y comarcas de los valles implicados. El objetivo era mostrar la “unidad del territorio para pedir la necesidad de inversiones en el sector de la nieve”. Y, en especial, en esta unión de estaciones que dotará a Aragón del décimo mayor dominio esquiable mundial.
Afirmaron que su interés, “como habitantes y trabajadores del territorio, es que todas las actuaciones a realizar estén sujetas a parámetros de sostenibilidad”. Además, solicitaron a la Dirección General de Medio Ambiente el informe correspondiente a la activación del PORN.
En este sentido, Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc, que habló en representación de la DPH, recordó que disponen de un informe en el que se indica que el PORN está caducado. En cualquier caso, aclaró que no van a licitar nada, “mientras no esté solventado el tema ambiental, que es prioritario”.
Quien, de igual forma, se ha pronunciado –aunque en contra– sobre esta actuación en el valle Canal Roya, es la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). Aseveran que los fondos europeos deben usarse “para la recuperación mediante la transformación sostenible tras la crisis del COVID, una característica que no se cumple”.
La FEDME ya se pronunció en este mismo sentido en 2009, cuando la institución apostó por la Declaración del Parque Natural de Anayet. El interés del colectivo montañero sobre este asunto, subrayan, “no ha cambiado en estos años. En todo caso, ha afianzado su posición, al existir mejor información sobre los estudios científicos acerca de la perspectiva de la nieve en las próximas décadas”.
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