El MITECO da el visto bueno al Clúster Maestrazgo que incluye más de 70 aerogeneradores dentro de Red Natura 2000.
La Plataforma a favor de los paisajes de Teruel muestra su disconformidad con esta resolución e informa que, una vez agotada la vía administrativa, recurrirá a la judicial.
La vía administrativa está llegando a su final para uno de esos proyectos que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en palabras del Secretario de Estado de Medio Ambiente, consideraba que difícilmente tendría cabida en el proceso de implantación de megacentrales renovables en el que está sumida la provincia de Teruel. Se trata del alegalmente llamado “Clúster Maestrazgo”. Durante el fin de semana ha estado circulando, aunque no está publicada, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de este clúster para instalar 161 molinos, colocar 507 torres de alta tensión, tender cientos de kilómetros de cables, abrir más de 300 km de pistas y destruir el perfil de esas montañas dejando seriamente afectado su paisaje. La declaración tiene muchos condicionantes que en algunos casos es posible que se cumplan y en otros quedarán camuflados bajo supuestos cambios, como se ha visto en otros proyectos. Aunque la declaración elimina 30 molinos, siguen quedando 130, más de 70 de ellos en Red Natura 2000, y con un fuerte impacto visual en poblaciones como Mosqueruela. El hecho de que se haya publicado la noticia antes de que suceda, dando por hecho la aprobación de un proyecto antes de su publicación en el BOE, tal como marca el proceso administrativo, genera no pocas susceptibilidades sobre su tramitación. La resolución revela que algunos molinos se tendrán que parar o incluso desmantelar, si se producen daños que se plantean como posibles, pasando por alto el principio básico de la cautela ambiental que se debe aplicar antes de que se produzcan dichos daños y que vela por que no tengan lugar y sus efectos sean irreversibles. Si algún águila perdicera, especie en peligro de extinción, falleciera en esos molinos como así se apunta en la resolución, sería irrecuperable. Pero la mayor duda es qué autoridad ambiental será la que dictamine el desmantelamiento de esos molinos, cuando la experiencia demuestra que esto es muy improbable. Incluso cumpliendo los condicionantes, sería una de las mayores agresiones medioambientales a la provincia de Teruel en los próximos años, aunque no la única, y un tren que nos conducirá más rápido a la despoblación, el abandono y la pérdida de valor del territorio. Llevará la calificación de área industrial a algunos de los parajes más naturales y bien conservados que existen en la provincia, motivo por el que recibieron la calificación de Red Natura 2000, despojándoles de esos valores sin tener en cuenta el principio de no regresión y la necesidad que tiene la sociedad de una biodiversidad lo más rica posible para garantizar la salud y el bienestar. Es posible que esta Evaluación se haya realizado de forma ilegítima y por entidades que no tienen la capacidad de hacerla, pues las prisas por sacar proyectos han llevado a la subcontrata de empresas que no están capacitadas para estas funciones, no por no tener técnicos suficientes y válidos, sino por las capacidades legales que tienen los funcionarios públicos, que no pueden ser transferidas sin más. La Plataforma valora que no se han tenido en cuenta aspectos que son fundamentales y para eso existen los recursos de alzada, que piden amparo a una autoridad superior a la que ha emitido la resolución, un camino que se va a explorar para parar este despropósito. El último recurso será plantear ante los juzgados la legalidad del proyecto y el cumplimiento de toda la legislación vigente por parte de este, acudiendo a los tribunales y presentando un Contencioso que ponga las leyes por encima de las urgencias y los intereses particulares. Es un camino difícil y costoso, pero con la ayuda de todas las personas que creen en un futuro diferente para esta provincia y con el amparo de la justicia se espera conseguir que este proyecto no siga su recorrido y se libren los parajes del Maestrazgo de tan nefasto despropósito. El interés de un grupo empresarial y de un inversor extranjero no puede estar por encima de la conservación de la biodiversidad y de los espacios protegidos.
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