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26/04/17

Cerca de 150.000 personas ya han firmado por una PAC más sostenible y justa con la naturaleza y los y las agricultoras.

El evento celebrado hoy es parte de la campaña europea Living Land (Por un campo vivo), con la que SEO/BirdLife y WWF buscan reclamar una PAC más sostenible y justa con el medio ambiente y los y las agricultoras, que evite que el campo se convierta en una fábrica. Hasta el próximo 2 de mayo, la Comisión Europea mantiene abierto un proceso de participación para recabar la opinión de la ciudadanía sobre la próxima reforma de la PAC, la política de mayor impacto de la Unión Europea. Cerca de 150.000 ciudadanos y ciudadanas de todo el continente, y 425 organizaciones de 30 estados, ya han reclamado una nueva PAC sostenible y justa. Desde el Estado español puede hacerse a través de este enlace. El objetivo de las dos onegés ecologistas es lograr una política agraria moderna y simple, que abandone los pagos por referencias históricas para premiar a quien conserva el medio ambiente. De igual modo, reclaman que la nueva PAC asegure una renta digna a los y las agricultoras y ganaderas que apuestan por la sostenibilidad, como aquellos en Red Natura 2000, sistemas de Alto Valor Natural como la dehesa y productores y productoras ecológicas. Las onegés también defienden que se aplique el principio de “quien contamina, paga”, ya que en la actualidad buena parte de las ayudas se concentran en las zonas con mayores problemas ambientales, como la sobreexplotación y contaminación del agua. Por último, ambas entidades animan a las organizaciones de todo tipo y a los y las ciudadanas a sumarse a LivingLand, logrando un cambio de calado en la PAC que asegure el mejor uso posible del dinero público. Razones para cambiar la PAC La PAC es la política de mayor presupuesto de la Unión Europea. Cuenta con casi un 40% de los fondos comunitarios, unos 362.787 millones de euros para el periodo 2014-2020, de los que el Estado Español recibirá más de 45.000 millones. Pero, más allá de su importancia presupuestaria, es una política clave, ya que condiciona la forma en que los y las agricultoras y ganaderas, incluso selvicultoras, gestionan más de la mitad del territorio de la Unión Europea y, con ello, los paisajes, la calidad de los alimentos que comemos o el agua que bebemos: La conservación de especies amenazadas o la capacidad de afrontar el cambio climático también dependen, en gran medida, de la PAC. En este contexto, sólo el primero de los tres objetivos que se fijó la actual PAC se ha alcanzado, la producción viable de alimentos. Los otros -gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima y un desarrollo territorial equilibrado- siguen aún pendientes. Según SEO/BirdLife y WWF España, la mayor parte de los fondos públicos se destinan en la actualidad a la agricultura industrial, un sistema agroalimentario insostenible e injusto. Por lo tanto, no sirven para asegurar una renta agraria suficiente a las explotaciones más valiosas desde el punto de vista social y ambiental. En concreto, el Estado español recibe cada año más de 6.500 millones de euros en ayudas de la PAC para la agricultura y la ganadería, pero el 20% de las y los beneficiarios (grandes productores y terratenientes) acaparan el 80% de las ayudas. Gran parte de las subvenciones, como las destinadas a frutas y verduras o a viñedo, se concentran en las zonas con mayor contaminación y sobreexplotación del agua. En cambio, los y las agricultoras y ganaderas que producen de forma más respetuosa con la naturaleza, y que preservan paisajes como las dehesas o los olivares de alto valor natural, apenas reciben apoyo. Todo ello a pesar de que la relación de la agricultura con el medio ambiente es evidente. En el Estado español, el 55% de la superficie agraria utilizada corresponde a Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural (SAVN), y de los 14 millones de hectáreas de la Red Natura 2000 un 70% tienen un uso agrario. Abandono rural y desempleo En la anterior década, el empleo en el sector agrario disminuyó en un 25%, perdiéndose 3,7 millones de puestos de trabajo en toda la Unión Europea. Un claro ejemplo son las explotaciones ganaderas extensivas. Según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la cabaña ganadera de pastoreo tradicional ha caído un 47% desde el año 1990, lo que supone una amenaza en buena parte de Europa para la conservación de hábitats agrarios dentro de la red Natura 2000. La forma en que están diseñadas las ayudas directas de la PAC es también una barrera para lograr el ansiado relevo generacional: sólo un 5% de los y las agricultoras españolas tiene menos de 35 años. Mientras, aumenta el número de agricultores y agricultoras mayores de 65 (aproximadamente un 15%). Y al desempleo le sigue inevitablemente la despoblación del medio rural: solo el 7% de la población española vive en zonas predominantemente rurales, 15 puntos por debajo de la media europea, y el 60% reside en zonas urbanas, 16 puntos por encima de la media europea. Las cifras son especialmente dramáticas en 19 territorios, todas ellas del interior. La pérdida de población ha provocado que, según los datos del censo de 2012, existan en el Estado más de 3.900 municipios con menos de 500 habitantes para los que es urgente adoptar medidas que garanticen su futuro a medio y largo plazo. Agricultura y Medio Ambiente Desde la implantación de la PAC, la biodiversidad no ha dejado de descender en los campos de cultivo. Según el programa de seguimiento de aves comunes reproductoras de SEO/BirdLife, Sacre, desde 1998 las poblaciones de aves agrarias han sufrido una caída del 22,7% en el Estado español. Es el caso dramático de la tórtola europea o la golondrina común, cuyas poblaciones han bajado en un 30% entre 1998 y 2013, o el grave descenso del sisón común, Ave del Año 2017, ligado a los ambientes cerealistas. A nivel europeo, el declive aumenta hasta el 55% en los últimos tres decenios para el conjunto de las aves agrícolas. Y no solo desaparecen las aves, también lo hacen los insectos, las abejas, la microfauna del suelo, e incluso la diversidad genética agrícola. Por otro lado, el 60% de las masas de agua del Estado español están en mal estado debido, en gran parte, a la sobreexplotación de ríos y acuíferos por el regadío o por la contaminación por agroquímicos. Además, el 50% de los suelos contienen un nivel de materia orgánica muy bajo, inferior al 1,7%. Estas condiciones hacen que los suelos sean muy vulnerables a la desertificación, además de ser más sensibles a los efectos generados por el cambio climático. Este empeoramiento del estado de los recursos naturales pone en riesgo a medio plazo la capacidad para seguir produciendo alimentos y, con ello, la seguridad alimentaria. Por último, tampoco hay que olvidar que el 13% de los gases de efecto invernadero proceden de suelos agrícolas, que se eleva a casi un 30% si se contabilizan las emisiones del sector agroalimentario en su conjunto. Un sector que se encuentra entre los principales afectados por el cambio climático y cuya supervivencia en el Estado español depende de la capacidad de mitigación y adaptación al mismo. Fuente: http://arainfo.org

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Asociación de Fundaciones Privadas de Conservación de la Naturaleza.

Las fundaciones para la conservación de la naturaleza son una herramienta esencial para protección de la biodiversidad y la participación social


La Asociación de Fundaciones Privadas de Conservación de la Naturaleza (AFN), constituida en febrero de 2012, nace de la necesidad de defender la especificidad de las fundaciones conservacionistas de base privada, animándonos a trabajar en red para compartir experiencias, y de tener una representación unificada ante las administraciones públicas y otros operadores.

Agrupa a un total de 16 entidades que se reparten por la distinta geografía española y abarcan numerosas áreas de actuación en materia de conservación de la naturaleza.

Son entidades privadas de interés general que cumplen un papel determinante en la sociedad. En nuestro país, las fundaciones de conservación y ambientales son actores esenciales en la protección del medio ambiente, canalizando fondos, tanto públicos como privados, que contribuyen a facilitar el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, tal como contempla nuestra Constitución.

En este sentido, colaboran con los poderes públicos para velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.

Los principales fines de la AFN son los siguientes: - Representar y defender los intereses colectivos de las fundaciones de conservación de la naturaleza. - Fortalecer la colaboración entre las fundaciones asociadas de cara a lograr una mayor eficacia en las actividades de conservación. - Defender la participación de la sociedad civil y en concreto de las fundaciones, en la formulación, seguimiento y ejecución de las estrategias y las medidas de conservación.



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