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10/04/17

Los pequeños ayuntamientos ganan una batalla millonaria a las eléctricas.

Un grupo de pequeños municipios han ganado una larga batalla judicial contra las grandes compañías energéticas. Todos tienen una cosa en común: en los terrenos que rodean su perímetro urbano pasan líneas eléctricas o canalizaciones de gas por las que las propietarias nunca han tenido que pagar un céntimo. Pero estos Ayuntamientos decidieron retarles defendiendo una ordenanza municipal que creaba un nuevo impuesto para cobrarles por el uso de su suelo. Ahora el Tribunal Supremo ha fallado en 16 sentencias distintas a favor de 14 pueblos y da luz verde a un tributo que, si lo aplican más municipios, podría llegar a costar a las empresas del sector hasta 50 millones de euros. El más grande de los que cuentan con el aval del Supremo es Arteixo (A Coruña, 30.000 habitantes), que tiene municipalizado el servicio de agua. Hace años, cuando los técnicos del Ayuntamiento fueron a cavar una zanja en el campo para mejorar el sistema de abastecimiento, se dieron cuenta de que no podían hacerlo porque había torres de luz y canalizaciones de gas de Red Eléctrica de España (REE) y Gas Natural Fenosa. “Nos encontrábamos con costes extra por tener que desviarnos. Encima veíamos que las empresas no nos compensaban por usar ese suelo y que nos provocaba a nosotros más costes”, explica José Baldomero, concejal de Economía (PP). Este incidente hizo pensar a los técnicos que las eléctricas no pagaban nada por usar ese terreno y que a ellos les suponía un agravio. Desde el principio, ellos apostaron por seguir el consejo de los abogados de ir a la batalla judicial hasta el final. “Lo primero que voy a hacer con el dinero es arreglar la tubería del pueblo”, afirma Miguel Ángel Miguel, alcalde de Villalcampo (PP), municipio zamorano de unos 500 habitantes. Este pueblo es un ejemplo del éxito de esta tasa. Situado en plena cuenca hidrográfica del Duero, en sus dominios hay instalaciones de dos centrales hidroeléctricas y algunos molinos eólicos esparcidos. Eso provoca que los campos dentro del territorio municipal estén atravesados por una red de líneas de alta tensión. La transportista de la energía, REE, no tenía que pagar al municipio por cruzar sus terrenos. Hasta ahora. En Villalcampo se respira una calma absoluta. Son 500 personas en un pequeño pueblo en medio de 64 kilómetros cuadrados de campo sin cosechas y salpicados de torres de luz. El bar no abre hasta las dos de la tarde y se pueden contar con los dedos de las manos los vecinos que pasean un día entre semana al mediodía por sus calles. No muchos entienden muy bien qué es eso de tasar a las eléctricas, pero sí hay una idea clara que está extendida: el pueblo va a recibir 50.000 euros al año. Villalcampo es uno de los 14 pueblos que ya han recibido el aval del Supremo. REE considera que la sentencia es injusta y estima que esta tasa costará unos 20 millones de euros. “No se van a conformar, es un coste extra demasiado alto”, sostiene Pedro Corvinos, abogado especialista en derecho energético. “La solución de las empresas va a ser negociar con el Ministerio de Hacienda. Las compañías no están dispuestas a pagar”. Fuentes de Red Eléctrica de España y de Gas Natural Fenosa han declarado a este diario que esperan que este sobrecoste se reconozca en los nuevos valores unitarios de mantenimiento, es decir, que sean los consumidores los que lo asuman en su factura. “Al final todos los consumidores acabaremos pagando esas tasas”, afirma el abogado. En este sentido, José Folgado, presidente de REE, reclamó el 31 de marzo un acuerdo entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias para que se fije una tasa uniforme por el derecho de paso de las redes por los territorios, según informó Miguel Ángel Noceda en este diario. De no ponerse una tasa, advirtió que el importe se añadirá a la tarifa eléctrica. Fuentes del Ministerio de Hacienda explican que la medida no está sobre la mesa y que de momento no se plantean establecer un tributo estatal para armonizar la posible maraña de impuestos locales sobre la misma materia. Prefieren esperar a ver cuántos Ayuntamientos comienzan a establecer este nuevo tributo antes de tomar medidas. Gas Natural ha rechazado, a preguntas de este periódico, hacer comentarios sobre las nuevas tasas y valorar la sentencia del Supremo. “Nos dimos cuenta de que ningún ayuntamiento cobraba esta tasa y podían hacerlo”, afirma Javier Gonzalo, letrado del Estado en excedencia, fundador de Gonzalo Abogados, el despacho que ha defendido a los consistorios contra las eléctricas y gasísticas. Con Javier trabajan Mercedes Gonzalo y José María Simón, dos jóvenes abogados que se han dedicado casi en exclusiva a este asunto en los últimos años. “Le propusimos esta ordenanza a 105 Ayuntamientos de distintas comunidades autónomas. 79 la pusieron en marcha”. Una vez fueron aprobadas por las respectivas corporaciones locales, todas las ordenanzas fueron impugnadas por las empresas eléctricas. 37 Ayuntamientos decidieron defenderlas en los tribunales. La idea del despacho de abogados fue presentar distintos informes económicos para probar varias estrategias, a modo de ensayo y error, con el objetivo de que alguna pudiera elevarse al Supremo y sentar un criterio que sirviera a todos los pueblos. Algunos recibieron el fallo favorable de los tribunales superiores de justicia autonómicos y otros un varapalo. Ahora, con la sentencia favorable del Supremo, todos los pueblos en esta situación pueden poner en marcha la ordenanza, hasta los que se encontraron con un primer "no" de la justicia y desistieron. “Estos municipios pueden recibir entre un 10 y un 40% de su presupuesto anual”, sostiene la abogada Mercedes Gonzalo. Este despacho de abogados trabaja con Valbuena y Ron Ingenieros, la empresa que ha confeccionado el estudio técnico económico que ha sido decisivo para lograr el fallo favorable del Supremo. "Algunos municipios podrán cobrar 1.000 euros anuales y otros 180.000. La tasa sin duda beneficiará a las administraciones locales más pobres”, explica el ingeniero Antonio Fernández. Fernández se ha pateado España haciendo informes periciales en todos aquellos pueblos que decidieron dar el paso de desafiar a las empresas energéticas. “Me supuso un agotamiento muy duro. En los procesos judiciales hubo careos de muchas horas con los ingenieros de las compañías eléctricas. Muchas veces el juez tenía que arbitrar porque nunca había consenso”, relata. Las empresas planteaban que el valor de la tasa debía basarse en el aprovechamiento forestal que tenía el suelo por donde discurrían las líneas (un valor irrisorio). Por otro lado, Antonio Fernández y los abogados del despacho Gonzalo pedían que se tuviera en cuenta el aprovechamiento energético que estas empresas hacían de las instalaciones que iban por el suelo. Y el Supremo dijo "sí". La Federación Española de Municipios y Provincias está elaborando un documento con criterios generales que se puedan adaptar a las circunstancias de cada municipio, ya que estos han de disponer de una información técnica precisa sobre las canalizaciones e instalaciones que pasan por los terrenos de dominio público local. Tras conocer los fallos del Supremo, muchos municipios se están interesando por esta tasa. Es el caso de La Carlota, pueblo cordobés de 11.400 habitantes. Javier Mengual, edil de Ganemos, partido afín a Podemos, se lanzó: “Nos enteramos por la prensa, lo propusimos en el pleno del Ayuntamiento y se aprobó por unanimidad”. Es difícil saber cuánto costará a las empresas eléctricas y cuánto recibirá cada municipio. Depende entre otras cosas de la extensión del terreno o del tipo de instalación que ocupa. Ni los pueblos que tienen la aprobación del Supremo lo saben a ciencia cierta, ya que aún están inventariando la proporción de terreno afectado. Aunque todos vecinos de Villalcampo, incluido el alcalde, ya hablen de 50.000 euros netos. El pleno del Ayuntamiento aprobó la ordenanza en 2014 y entró en vigor el 1 de enero de 2015. Aunque haya estado paralizada por el proceso judicial, ahora pueden cobrar de golpe 150.000 euros, que corresponden a los tres últimos años, un 25% de su presupuesto anual. "Van a venir muy bien para el pueblo. El hecho de que sea una empresa grande o una multinacional no quita que tengan que pagar", insiste el alcalde. ¿Y SI HAY UNA TORRE DE LUZ EN MI FINCA PRIVADA? En caso de que un particular disponga de una finca en la que haya una instalación energética, como una torre de luz o un molino eólico, el particular puede entrar en negociación con Red Eléctrica de España (REE) si cumple un único requisito: que la instalación lleve menos de 20 años en el terreno. En ese caso, el propietario debe remitir una carta certificada a REE adjuntando la documentación que demuestre que la finca esté libre de cargas y que no hay ningún derecho de servidumbre anterior. Si tras un par de intentos no contesta, los letrados de Gonzalo Abogados recomiendan ir directamente a los tribunales: “A raíz de esta sentencia nos ha llamado algún particular. Si se cumplen estos requisitos, se gana seguro”, afirma José María Simón. Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2017/03/28/actualidad/1490726512_874795.html

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Asociación de Fundaciones Privadas de Conservación de la Naturaleza.

Las fundaciones para la conservación de la naturaleza son una herramienta esencial para protección de la biodiversidad y la participación social


La Asociación de Fundaciones Privadas de Conservación de la Naturaleza (AFN), constituida en febrero de 2012, nace de la necesidad de defender la especificidad de las fundaciones conservacionistas de base privada, animándonos a trabajar en red para compartir experiencias, y de tener una representación unificada ante las administraciones públicas y otros operadores.

Agrupa a un total de 16 entidades que se reparten por la distinta geografía española y abarcan numerosas áreas de actuación en materia de conservación de la naturaleza.

Son entidades privadas de interés general que cumplen un papel determinante en la sociedad. En nuestro país, las fundaciones de conservación y ambientales son actores esenciales en la protección del medio ambiente, canalizando fondos, tanto públicos como privados, que contribuyen a facilitar el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, tal como contempla nuestra Constitución.

En este sentido, colaboran con los poderes públicos para velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.

Los principales fines de la AFN son los siguientes: - Representar y defender los intereses colectivos de las fundaciones de conservación de la naturaleza. - Fortalecer la colaboración entre las fundaciones asociadas de cara a lograr una mayor eficacia en las actividades de conservación. - Defender la participación de la sociedad civil y en concreto de las fundaciones, en la formulación, seguimiento y ejecución de las estrategias y las medidas de conservación.



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